La Corte Constitucional ratificó el 20 de junio como fecha límite para el cierre definitivo del Ministerio de la Igualdad, luego de que el Congreso de la República no aprobara la nueva ley exigida para corregir los vicios de origen en su creación. La decisión, que afecta a cerca de 580 empleados de la cartera, se produce después de que el legislativo no tramitara en primer debate la iniciativa durante las sesiones ordinarias que culminan el mismo sábado, sin que se convocaran sesiones extraordinarias ni se alcanzaran los votos necesarios para salvar el ministerio.
El alto tribunal había declarado inexequible la Ley 2281 de 2023 el 8 de mayo de 2024, debido a fallas en su estructuración y a la falta del aval fiscal del Ministerio de Hacienda. En ese fallo, otorgó un plazo perentorio hasta el 20 de junio para que el Gobierno Nacional presentara y el Congreso aprobara una nueva ley que subsanara los errores. Al no cumplirse ese requisito, la liquidación se vuelve inminente. El ministerio, que tuvo cuatro titulares durante su efímera existencia —Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián, Luis Eduardo Acosta y el actual encargado, Alfredo Acosta Zapata—, ya activó una hoja de ruta para el cierre y el empalme con otras entidades.
Los números de la crisis
Las cifras de gestión del Ministerio de la Igualdad reflejan una profunda ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con los informes oficiales, la cartera ejecutó apenas el 8,8 % de su presupuesto total. De los 2,8 billones de pesos que manejó, 2,1 billones fueron transferidos a un denominado “Fondo Paralelo”, del cual no se conocen resultados concretos. Para 2025, de nueve proyectos de inversión, cuatro no alcanzaron ni siquiera el 1 % de ejecución y dos no superaron el 10 %. El presupuesto estimado para 2026 era de 323 mil millones de pesos, cifra que ahora quedará sin efecto ante el cierre inminente.
La hoja de ruta para la liquidación establece que las actividades esenciales del ministerio finalizarán el 17 de junio, un día antes de la consolidación interna de la información y dos antes de la entrega de bienes y la firma de paz y salvos. La Oficina de Planeación debía recopilar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de paz para entregarlo a un eventual liquidador. El Gobierno prevé redistribuir las funciones de la cartera entre seis entidades: los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública y Prosperidad Social. Las iniciativas para mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos y personas con discapacidad continuarían operando bajo estas nuevas dependencias, junto con las consejerías de Equidad para la Mujer, de la Juventud y para personas con discapacidad.
Una historia de controversias
La gestión del Ministerio de la Igualdad estuvo marcada por escándalos internos. Juan Carlos Florián, quien estuvo al frente de la cartera, fue suspendido por violar la cuota de género, se autodenominaba “género fluido” y pidió ser llamado “ministra”; más tarde fue reincorporado tras presentar su renuncia. En el mismo movimiento, Juliana Guerrero, viceministra de Juventudes, fue imputada por fraude procesal debido a irregularidades en su hoja de vida académica. El sindicato de la entidad, que representa a los cerca de 580 empleados, busca una reunión con el presidente Gustavo Petro para evitar el cierre y encontrar una solución laboral. Hasta ahora, el ministro encargado, Alfredo Acosta Zapata, ha solicitado renuncias y la entrega de informes, pero los trabajadores aseguran no recibir respuestas claras sobre su futuro.
“La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas”
Sindicato del Ministerio de la Igualdad
En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro hizo declaraciones que reflejan la tensión política. Durante un consejo de ministros televisado en julio de 2025, el mandatario afirmó: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”. La frase, que circuló ampliamente, evidencia las fracturas internas en el Gobierno y la complejidad de mantener una cartera creada con promesas de equidad pero que, a la hora de ejecutar, demostró profundas deficiencias administrativas.
El Ministerio de la Igualdad, que alguna vez fue bandera de la vicepresidenta Francia Márquez, cierra sus puertas sin haber logrado consolidar su propósito. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Función Pública acompañarán el proceso de liquidación, mientras el Congreso y el Gobierno deberán responder por el destino de los empleados y los recursos no ejecutados. El 20 de junio se convertirá en la fecha que marque el fin de uno de los experimentos institucionales más polémicos de la administración Petro.
