La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presunto prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, en el marco de la polémica adjudicación del contrato de pasaportes por $559.000 millones y la adquisición de un predio rural sin respaldo financiero. Durante la audiencia de imputación, Salazar Ramírez no aceptó los cargos, por lo que el proceso avanza ahora a la etapa de juicio, donde deberá presentar sus pruebas de descargo.
Los hechos por los que se investiga al exfuncionario ocurrieron entre agosto de 2022 y febrero de 2024, cuando Salazar Ramírez, en calidad de secretario general de la Cancillería, expidió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024. A través de estos actos administrativos, revocó la decisión del entonces canciller Álvaro Leyva Durán, quien había declarado desierta la Licitación Pública 001 de 2023, permitiendo así que el proceso se retrotrajera y se adjudicara a un solo proponente, pese a que el procedimiento ya se encontraba extinguido.
Según la Fiscalía, Salazar se extralimitó en sus funciones al reabrir un proceso contractual que ya había sido cerrado por el jefe de la cartera diplomática. La entidad investigadora sostiene que el exsecretario general carecía de autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales que ya estaban finiquitados, lo que constituiría una actuación ilegal y arbitraria. La imputación por prevaricato por acción se fundamenta precisamente en esa presunta extralimitación de funciones.
Compra de predio sin justificación
Paralelamente, la Fiscalía imputó el cargo de enriquecimiento ilícito de servidor público a Salazar Ramírez por la adquisición de un predio rural ubicado en Puerto López, Meta, cuyo valor asciende a $950 millones. La investigación evidenció que no existen transferencias bancarias, créditos ni soportes patrimoniales que expliquen el origen del dinero con el que se realizó la compra, lo que ha generado sospechas sobre la procedencia de los recursos utilizados para dicha transacción inmobiliaria.
“El señor José Antonio Salazar Ramírez profirió la Resolución número 1394 de 2024, mediante la cual revocó directamente los actos administrativos que declararon desierta la Licitación Pública 001 de 2023 y resolvieron el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión. Con esta resolución, se busca retrotraer el procedimiento y permitir su posterior adjudicación”
Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía explicó con claridad técnica la irregularidad cometida por el exsecretario general, señalando que “la Resolución 1394 actúa como si el procedimiento continuara vigente cuando en realidad ya estaba extinguido. Revocar el acto no revive el procedimiento, ya que no restablece los términos, no reconstruye ni reconstituye ofertas, no reactiva audiencias y no recompone ni la audiencia ni la publicidad”. Esta afirmación deja en evidencia la inconsistencia jurídica de la actuación de Salazar, quien habría actuado de forma unilateral y sin competencia para hacerlo.
El caso, que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública por la cuantía del contrato y las irregularidades señaladas, continuará su curso en los estrados judiciales. Salazar Ramírez deberá ahora afrontar un juicio en el que la Fiscalía presentará las pruebas que sustentan la imputación, mientras su defensa intentará demostrar que los actos administrativos se ajustaban a derecho y que la compra del predio contaba con los soportes financieros requeridos por la ley.
