El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Armando Benedetti y en el marco del Gobierno de Gustavo Petro, publicó el Decreto 0612 de 2026, mediante el cual se ordenan medidas extraordinarias de orden público para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026. La normativa establece ley seca nacional, cierre de fronteras terrestres y fluviales, y la operación al 100 % del transporte público en todo el territorio colombiano, con el objetivo de asegurar la tranquilidad durante la jornada electoral y facilitar la participación ciudadana.
La ley seca regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio, es decir, 42 horas ininterrumpidas. Simultáneamente, los pasos fronterizos terrestres y fluviales permanecerán cerrados desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes, aunque se exceptúan los traslados por caso fortuito o fuerza mayor. El decreto faculta a alcaldes y gobernadores para ampliar los horarios de la ley seca según las recomendaciones de los consejos de seguridad regionales, y también les permite restringir la circulación vehicular, con la salvedad de las motocicletas, consideradas esenciales para la movilización de los votantes.
Movilidad y restricciones en los puestos de votación
El Ministerio de Transporte podrá autorizar rutas adicionales o ajustar frecuencias del transporte público, que deberá operar al 100 % de su capacidad en todos los horarios autorizados el día de la elección. Las empresas de transporte están obligadas a aplicar las tarifas oficiales; el incumplimiento acarreará sanciones. Por otra parte, dentro de los puestos de votación estará prohibido el uso de celulares y cámaras entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., aunque se permite mostrar la cédula digital al jurado de votación. Los testigos y observadores electorales podrán ingresar con sus equipos, pero no utilizarlos durante esa franja horaria; la restricción se levanta tras el cierre de mesas a las 4:00 p. m.
El decreto se emite en un contexto de alta polarización política y busca prevenir alteraciones del orden público que puedan afectar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Las autoridades locales quedan autorizadas para ajustar las medidas según las condiciones específicas de cada territorio, con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y sin contratiempos.
