En un acto que transforma la historia criminal en beneficio social, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó formalmente este 17 de junio de 2025 a Migración Colombia un inmueble de 367 metros cuadrados, localizado en el barrio El Barzal de Villavicencio, Meta. El predio, cuyo valor comercial supera los 1.008 millones de pesos, fue incautado a la excabeza del cartel del Llano y ahora se convertirá en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios para la Regional Orinoquía, un espacio diseñado para atender a una población que abarca 29 municipios del departamento.
De la macrocriminalidad a la justicia social
La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, explicó que el predio estuvo bajo el poder de Gloria Emelina Muñoz Santoyo, alias la Química o la Maniquemada, señalada como la jefa financiera y operativa de una organización que, en la década de 1990, produjo cerca del 70% de la cocaína en los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada. Capturada en el año 2000, la estructura criminal operaba con una sofisticación comparable a la de los carteles de Medellín y Cali, utilizando laboratorios y pistas clandestinas, además de empresas fachada, haciendas, estaciones de servicio y cuentas bancarias que la mantenían en alianzas con actores armados ilegales. La extinción de dominio sobre este inmueble, que data de un embargo inicial en agosto de 1997, fue ratificada por la justicia en julio de 2019 tras el procesamiento de 29 integrantes de la organización.
«Con esta entrega seguimos demostrando cómo los bienes que antes estuvieron al servicio de la ilegalidad hoy se transforman en herramientas concretas para fortalecer la presencia del Estado y garantizar derechos en los territorios»
Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE
La articulación entre la SAE y Migración Colombia, según destacó Pérez Parra, permite que este activo, que antes era un instrumento del crimen, se convierta en un pilar de justicia social y desarrollo regional. El nuevo centro, con una construcción de 287,51 metros cuadrados adaptada para garantizar accesibilidad y distribución operativa, asumirá funciones clave: expedición de documentos, trámites de regularización migratoria bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), y atención especializada a población vulnerable, incluyendo programas de prevención contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.
«La articulación entre entidades estatales permite que bienes incautados al crimen organizado se conviertan en instrumentos para la justicia social y el desarrollo regional»
Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE
Además de los servicios migratorios, el inmueble contribuirá a optimizar el gasto público al evitar los costos de arrendamiento que antes pagaba el Estado, y se integrará al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc) de Villavicencio. La entrega, que consolida el uso social de un bien que durante años estuvo al servicio de la ilegalidad, representa un golpe simbólico y práctico para la regularización migratoria en la región, donde la presencia estatal se fortalece como herramienta concreta para garantizar derechos en los territorios.
