El Gobierno Nacional confirmó que no cumplirá con la regla fiscal durante 2026 y 2027, extendiendo la cláusula de escape que ya había sido activada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025, y proyectando el retorno al cumplimiento paramétrico solo a partir de 2028. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda, en cabeza de la Dirección General de Política Macroeconómica, cuyo director, Cristián Cruz, explicó que el desvío planteado en este nuevo MFMP es exactamente el mismo que se proyectó hace un año, sin que exista un desvío adicional en las metas impuestas por el Confis. La decisión, que aplica entre 2025 y 2027, abre un nuevo frente de debate sobre la sostenibilidad fiscal del país, mientras el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) cuestionan que el Gobierno no haya alegado un choque externo que justifique la excepcionalidad.
El déficit fiscal proyectado para 2026 es del 5,3% del PIB, una cifra que el Gobierno busca reducir con un ajuste necesario en 2027 por 30,2 billones de pesos para recuperar la senda de sostenibilidad. No obstante, las cifras revelan una brecha significativa entre las metas oficiales y las estimaciones de los organismos de control. Mientras el Observatorio Fiscal calcula una reducción del déficit de 2,1 puntos del PIB entre 2025 y 2027, el Carf advierte que el esfuerzo mínimo necesario debería estar entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. La deuda bruta del Gobierno Nacional Central alcanzó el 62,9% del PIB en abril, una reducción frente al 64,7% de marzo y al 60,8% de abril de 2025, impulsada por factores puntuales como el pago anticipado parcial de total return swap y la cancelación de bonos globales, que representaron una reducción mensual de la deuda externa del 10,1%, equivalente a 35,4 billones de pesos. La deuda externa como proporción del total cayó al 26,6%, su nivel más bajo desde julio de 2014.
Sin choque externo, el Carf cuestiona la activación
La activación de la cláusula de escape, concebida en la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 1717 de 2021 para eventos extraordinarios como pandemias, guerras o crisis financieras internacionales, ha sido puesta en entredicho por el Carf, que considera que la motivación del Gobierno no satisface el estándar legal de excepcionalidad. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por su parte, sostiene que el Gobierno no justificó la medida en un choque externo y advierte que cumplir la regla en 2025 implicaría un recorte drástico del gasto. La trayectoria de deuda neta durante este periodo de suspensión alcanzaría niveles superiores a los registrados durante la pandemia, según el mismo observatorio, lo que refuerza las alertas sobre la fragilidad de las finanzas públicas.
«Entre el 2026 y el 2027 está activado el mecanismo excepcional de la cláusula de escape de la regla fiscal, el desvío que se está planteando en este Marco Fiscal de Mediano Plazo, es exactamente el mismo que se planteó hace un año o sea no hay un desvío adicional en esas metas que impone digamos el Confis».
Cristián Cruz, director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda
«A partir del 2028, sí hay un cumplimiento digamos que paramétrico de la regla fiscal, que quiero decir con esto, es que desde 2028 en adelante lo que se presenta en el escenario fiscal es que es exactamente lo que la regla fiscal impone, nada distinto a eso porque eso está reglado por la ley misma».
Cristián Cruz, director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda
Analistas de Corficolombiana advierten que el desequilibrio estructural entre ingresos y gastos persiste, y que la próxima administración deberá aplicar una reforma tributaria, un ajuste al gasto y medidas de crecimiento para corregir la senda fiscal. Mientras tanto, el límite de deuda según la regla fiscal se mantiene en el 71% del PIB, con un ancla de deuda del 55% del PIB, metas que el Gobierno ha pospuesto hasta 2028. El anuncio confirma que la flexibilidad fiscal que el Ejecutivo justifica como necesaria se extiende, mientras los técnicos y organismos independientes insisten en que la excepcionalidad debe reservarse para verdaderas emergencias, no para cubrir un déficit estructural que, según los datos, no se corrige con la activación de cláusulas de escape.
