Esconder la cédula de otra persona para impedirle votar en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 es un delito en Colombia castigado con prisión de cuatro a ocho años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el artículo 395 del Código Penal. La conducta, que aplica en todo el territorio nacional y en mecanismos de participación como plebiscitos o consultas populares, consiste en hacer desaparecer, poseer o retener el documento de identidad de otra persona con el fin de bloquear su sufragio. Tanto un particular como un servidor público pueden cometer este ilícito, y las penas buscan proteger el derecho al voto y evitar maniobras que alteren el desarrollo normal de las elecciones para el período presidencial 2026-2030.
La multa, calculada con base en el salario mínimo de 2026, que asciende a 1.750.905 pesos, oscila entre 87.545.250 y 350.181.000 pesos. La conducta está tipificada en el artículo 395 del Código Penal, modificado por la Ley 1864 de 2017, y si el hecho configura otro delito con una pena mayor, se aplica esa sanción superior. Además, el artículo 396 sanciona a quien impida o dificulte la inscripción de candidatos o listas, y si interviene un servidor público, se añade inhabilidad para cargos públicos por el doble del tiempo de la pena. La cédula de ciudadanía, ya sea física o digital, es el único documento válido para votar, y no se permite sufragar con contraseña.
Delitos electorales y denuncias
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha documentado casos concretos de esta práctica delictiva, como la retención de documentos antes de la jornada electoral para bloquear el voto de una comunidad y la sustracción de cédulas en un falso control vial el mismo día de la elección. Con un potencial electoral total de 41.421.973 ciudadanos habilitados, incluyendo 1.414.661 en el exterior, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias de delitos electorales. Se recomienda a los ciudadanos conservar adecuadamente su documento de identidad y denunciar cualquier situación que impida votar ante las autoridades competentes.
