En un nuevo capítulo del escándalo por el coloso proyecto deportivo que permanece inconcluso en el municipio de Bello, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a cuatro exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia por un presunto detrimento patrimonial que asciende a 112.684 millones de pesos. Los señalados son Lisana Sofía Sánchez Ledesma, Sergio Roldán Gutiérrez y Héctor Fabián Betancur, quienes se desempeñaron como gerentes de Indeportes Antioquia, junto a María Fanery Sucerquia Jaramillo, exgerente de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia, Viva. La investigación, que inició el 23 de marzo de 2022, los señala como responsables a título de culpa grave por el daño ocasionado al patrimonio del instituto departamental de deportes.
La determinación se dio a través del Auto de imputación número 384, emitido el 21 de marzo de 2025 y notificado el 27 del mismo mes. Sin embargo, el organismo de control declaró la nulidad de esa decisión mediante un nuevo auto, el número 734 del 28 de mayo de 2025, un movimiento procesal que genera nuevas expectativas sobre el rumbo del caso. Las indagaciones se centran en presuntas irregularidades en la supervisión, planificación y manejo de los recursos destinados a la construcción del Central Park de Bello, un parque de deportes a motor cuya obra inició en 2019 y que hoy es catalogado como un «elefante blanco».
Un proyecto estancado y un detrimento millonario
El Central Park, concebido como un moderno escenario para deportes a motor, ha estado marcado por los sobrecostos y los retrasos. El primer contratista, Ingecon, quedó fuera del proyecto en 2021 tras un conflicto legal, y fue reemplazado por la Unión Temporal Alpujarra, que asumió la obra en septiembre de 2022. A finales de 2024, Indeportes firmó un convenio con la Empresa de Desarrollo Sostenible de Antioquia (Edeso) para intentar concluir la megaconstrucción. La magnitud del descalabro fiscal llevó a la Asamblea de Antioquia a aprobar, en 2022, una adición presupuestal por 17.732 millones de pesos para intentar salvar el proyecto. Incluso, la actual administración departamental destinó partidas por 2.999 millones de pesos, equivalentes a unos 740.000 dólares, para culminar la obra.
Problemas críticos y alertas ambientales
La Contraloría General de Antioquia ya había puesto la lupa sobre el proyecto, alertando sobre la ausencia de obras de mitigación de ruido y otros incumplimientos ambientales. Los informes técnicos revelan una lista de problemas críticos que van más allá de la simple paralización de la obra. El escenario carece de accesos adecuados, no cuenta con los permisos de aprovechamiento forestal aprobados, no tiene conexión a la red de energía de EPM ni un sistema de alcantarillado funcional. Adicionalmente, la pista de carreras no posee las barreras de seguridad necesarias y varios elementos constructivos se encuentran pendientes, lo que compromete no solo la finalización del proyecto sino su viabilidad técnica y operativa. Los cuatro exfuncionarios imputados ahora enfrentan un proceso que determinará su responsabilidad fiscal sobre los 112.684 millones de pesos perdidos, mientras el Central Park continúa siendo una promesa incumplida para los habitantes de Bello y un símbolo de la mala gestión pública en la región.
