La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en cinco masacres ocurridas en Antioquia durante su gestión como gobernador del departamento, entre 1995 y 1998. Los hechos bajo la lupa judicial incluyen las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1997, la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en Medellín el 27 de febrero de 1998, aproximadamente dos meses después de que Uribe dejó la Gobernación.
La decisión de la Fiscalía, anunciada en 2025, vincula al exmandatario con los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida. Según el ente acusador, se encontraron méritos suficientes para citar a indagatoria a Uribe, en una investigación que lo señala de haber facilitado y promovido la creación de estructuras armadas ilegales durante su administración departamental. La investigación también apunta a la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, como supuesta base de operaciones paramilitares en la región.
La defensa de Uribe y el contexto de las masacres
El expresidente no tardó en reaccionar a la noticia y utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar el procedimiento. «La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme», escribió Uribe. Horas después del anuncio oficial, también se pronunció en el pódcast Los Cuchos, ampliando su defensa y negando los señalamientos. «Entonces debería ser condenado por omisión por las 90 masacres, qué infamia esta», afirmó el exmandatario, quien sostiene que la investigación responde a presiones políticas y no a elementos probatorios sólidos. Además, en un intento por contextualizar la violencia de su época, comparó las cifras con las del gobierno del presidente Gustavo Petro: señaló que en 2025 se reportaron 87 masacres en todo el país y 66 en lo corrido de 2026, sin que el actual mandatario sea investigado por esos hechos.
«Fuera de la maledicencia de algunos leguleyos, no hay un adversario mío, de los muchos que he tenido en mi larga vida política, que diga que yo lo he amenazado»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, en el pódcast Los Cuchos.
Esta nueva investigación se abre en un momento judicial complejo para el expresidente, quien recientemente fue absuelto en segunda instancia en el caso de presunta manipulación de testigos, asunto que ahora se encuentra en etapa de casación. El periodo de Uribe como gobernador de Antioquia (1995-1998) fue uno de los más violentos en la historia del departamento, con más de 90 masacres registradas, y los defensores de derechos humanos han señalado reiteradamente su presunta connivencia con grupos paramilitares que operaban en la región. La indagatoria representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de aquellos años, aunque el exmandatario insiste en que los señalamientos carecen de fundamento y que su nombre está siendo utilizado como parte de una persecución política en su contra.
