El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria por la fiscal Marcela Abadía, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso que investiga su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, el funcionamiento de un centro de operaciones paramilitares en la hacienda Guacharacas y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La notificación, realizada el 18 de junio de 2026, reactiva un expediente que se tramita bajo la Ley 600 debido a que los hechos ocurrieron cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
La defensa del exmandatario, encabezada por el penalista Jaime Granados, reaccionó con críticas a la decisión de la fiscal Abadía. Granados señaló que el proceso, que data de 2022, no corre riesgo de prescripción y cuestionó que no se haya esperado al 3 de julio, fecha límite para el trámite de pruebas, para escuchar a los testigos solicitados por la defensa. «No es un caso que tenga riesgo de prescripción alguno. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y se escuchó a los testigos que se solicitaron?», afirmó el abogado, quien evalúa acciones legales contra la fiscal.
El anuncio en medio de la contienda electoral
El llamado a indagatoria se conoce a solo tres días de la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentan Abelardo de la Espriella, candidato apoyado por Uribe, e Iván Cepeda, su antagonista judicial. El propio Uribe se pronunció a través de su cuenta en X, donde escribió: «De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones».
La fiscal Marcela Abadía, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología, y con un magíster y doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, llegó a la Fiscalía de la mano de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Previamente se desempeñó como magistrada auxiliar y jefa del Grupo de Análisis de Información en la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), y trabajó en el Ministerio de Justicia entre 2014 y 2018, cuando el ministro era Yesid Reyes. Su trayectoria incluye además el manejo de procesos de alto perfil, como el del exembajador en Ghana Daniel Garcés, acusado de secuestro y violencia intrafamiliar. En 2025, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le declaró desierta una formulación de imputación por falta de técnica jurídica en un caso relacionado con protestas del estallido social de 2021.
«No es un caso que tenga riesgo de prescripción alguno. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y se escuchó a los testigos que se solicitaron?»
Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez
La defensa de Uribe sostiene que las pruebas solicitadas, que a su juicio son definitivas para demostrar su inocencia, no habían concluido. El proceso, que se encuentra en una fase crucial a menos de un mes del vencimiento del plazo legal para la práctica de pruebas, promete mantenerse en el centro del debate público, en medio de una campaña electoral que ya se ha visto sacudida por el anuncio judicial.
