El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso de la República entre el 22 de junio y el 10 de julio, con el objetivo de evitar el archivo definitivo de dos proyectos clave de su agenda legislativa: la creación de la jurisdicción agraria y la del Ministerio de Igualdad y Equidad. La legislatura ordinaria cierra el 20 de junio, y ninguna de las dos iniciativas logró completar los debates necesarios para su aprobación en el periodo que culmina, por lo que la Presidencia apela a este mecanismo extraordinario para ganar tiempo y darles viabilidad. La convocatoria, oficializada a través de un comunicado de la Presidencia, busca que el Congreso avance en el trámite de ambas propuestas en un lapso de 19 días, aunque persisten dudas sobre el respaldo político y los procedimientos pendientes.
El proyecto de jurisdicción agraria —la quinta iniciativa de este tipo presentada desde 2017— busca crear una justicia especializada para resolver conflictos sobre la tierra. Aunque el Acto Legislativo 03 de 2023 ya creó constitucionalmente esta jurisdicción y la Ley 2570 de 2026 definió su estructura básica y la selección de jueces, la ley ordinaria que detalla su funcionamiento no logró superar el trámite en el Senado. El pasado 16 de junio, el debate se trabó por un recurso de insistencia pendiente, según explicó el presidente del Senado, Lidio García Turbay, quien señaló que la corporación no ha podido avanzar porque debe cumplir con ese recurso de ley que está por encima del orden del día. En una declaración textual, García Turbay afirmó: “Aquí no hemos trabajado, no le hemos entregado resultados al país. Estamos atrancados porque tenemos que cumplir con un recurso de insistencia del proyecto de Jurisdicción Agraria”. Y agregó: “No podemos pasarnos por encima de algo que es de ley y que está por encima del orden del día y de todo”.
Ministerio de Igualdad y Equidad: contra el reloj constitucional
En paralelo, el proyecto que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad enfrenta un escenario aún más crítico. La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que le dio origen hace casi dos años, pero difirió los efectos de la sentencia para dar tiempo al Gobierno de subsanar los vicios de procedimiento. Ese plazo vence justo el 20 de junio, con el cierre de la legislatura ordinaria. El Ejecutivo presentó un nuevo proyecto para corregir las fallas, pero no alcanzó a obtener el primer debate en las plenarias del Congreso, escenario que fuentes legislativas consideran improbable de revertir en las sesiones extraordinarias por falta de citación y respaldo político. Si no se logra un avance sustancial antes del 10 de julio, el ministerio podría desaparecer, lo que implicaría una desarticulación institucional que la Corte buscó evitar con su decisión diferida.
El comunicado oficial de los ministerios de Agricultura y Justicia, fechado el 18 de junio de 2026, confirmó que el proyecto de jurisdicción agraria será archivado por no completar los debates en plenarias ni las conciliaciones requeridas. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa en el próximo periodo legislativo, mientras pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar mecanismos para una implementación transitoria de la jurisdicción agraria. La convocatoria a sesiones extraordinarias, más que una solución inmediata, se perfila como un último intento político de salvar dos banderas emblemáticas del gobierno Petro, en medio de un Congreso fragmentado y un calendario legislativo que se agota. La decisión final quedará en manos de los congresistas, quienes deberán priorizar estos proyectos en los escasos días de trabajo extraordinario. La Presidencia, en su comunicado, reiteró su compromiso de avanzar en el trámite legislativo de ambas iniciativas, a la espera de que el Legislativo responda a la convocatoria.
