El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió este 19 de junio una acción de tutela presentada por un ciudadano contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consorcio de los Hermanos Bautista, señalando presuntas irregularidades en el proceso electoral presidencial de 2026. Sin embargo, en la misma decisión judicial, el tribunal negó las medidas provisionales solicitadas, que buscaban un reconteo físico de votos en mesas atípicas y una auditoría forense digital al software de preconteo, al considerar que no se acreditaron los requisitos jurisprudenciales exigidos para dicha acción cautelar.
El litigio surge a raíz de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, cuyo proceso ha sido cuestionado por el demandante, quien busca la protección de sus derechos fundamentales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez del caso, notificó a las entidades demandadas —entre ellas el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y el Consorcio encargado del software de preconteo y DIVIPOL— y vinculó como terceros interesados al presidente de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Pese a la admisión de la tutela, el tribunal no ordenó en esta etapa ningún escrutinio especial ni reconteo, dejando la decisión de fondo pendiente.
Medidas cautelares negadas y trámite en curso
El demandante había solicitado de manera urgente un reconteo voto a voto en las 5.300 mesas atípicas identificadas durante el proceso electoral, así como la apertura de una auditoría forense digital al software de preconteo, argumentando que las irregularidades detectadas justificaban una intervención judicial inmediata. No obstante, el tribunal consideró que dichas peticiones no cumplían con los estándares jurisprudenciales requeridos para conceder medidas provisionales, por lo que el trámite continuará sin que se haya interferido en el resultado electoral declarado. La decisión, emitida desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, marca un primer paso en el proceso, pero deja abierta la posibilidad de que las partes presenten nuevas pruebas o argumentos antes de un fallo definitivo.
