El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó este sábado 20 de junio de 2026 una solicitud directa a su homólogo estadounidense, Donald Trump, exigiendo conocer el paradero de Franklin Humberto “Beto” Coral Garrido, un activista político colombiano detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) el pasado 16 de junio en Phoenix, Arizona. La petición del mandatario colombiano surge en medio de una creciente controversia internacional por la detención de Coral, a quien Petro califica como un “preso de conciencia” y cuya captura vincula a un memorándum firmado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que lo declara susceptible de deportación alegando que sus críticas al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella “socavan” la política exterior estadounidense.
Petro, en una publicación realizada el sábado, no solo exigió información sobre la ubicación exacta de Coral, sino que también cuestionó la naturaleza de la alianza bilateral en la lucha contra el narcotráfico. El presidente colombiano recordó el sacrificio de su país en esa guerra, mencionando que Colombia ha “sacrificado 15.000 miembros de la Policía muertos”, “más de 200.000 asesinados colombianos y un millón de hijos de Latinoamérica”. En un tono que mezcla la reivindicación histórica con la denuncia, Petro vinculó al padre de Beto Coral, el capitán de la Policía Humberto Coral, quien integró el Bloque de Búsqueda que dio con la caída de Pablo Escobar, para preguntarle a Trump: “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EE. UU.”, añadiendo que de ser así, “el padre de Beto Coral perdió su vida por nada”.
Detención fundamentada en infracción migratoria y un controvertido memorándum
La detención de Coral se originó al regresar a su vivienda en Phoenix el 16 de junio de 2026. Las autoridades estadounidenses argumentaron que el activista infringió las leyes migratorias al quedarse en el país diez años más de lo permitido por su visa de turista B1/B2, que le autorizaba una estadía máxima de seis meses desde su ingreso en diciembre de 2015. Sin embargo, la controversia escaló cuando el diario The New York Times reveló que el secretario de Estado Marco Rubio había autorizado la detención mediante un memorándum, en el que se afirma que “permitir que Coral Garrido se quede en Estados Unidos socava los intereses de la política exterior de EE. UU.”, citando su activismo contra De la Espriella, un candidato de derecha respaldado por Trump. Este es el primer caso documentado en que Rubio usa su autoridad para recomendar la deportación de un activista por su actuación relacionada con elecciones en otro país, lo que ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión y el debido proceso. Tras su arresto inicial, Coral fue trasladado a El Paso, Texas, y posteriormente a Luisiana, mientras que su expareja, Tatiana Camacho, confirmó el viernes 19 de junio que “fue nuevamente trasladado este día por las autoridades migratorias estadounidenses”, y que su nombre ya no aparece en el sistema ICE Locator, incrementando la preocupación sobre su paradero.
“El presidente de la República de Colombia le exige al presidente de los EE. UU., que le diga al pueblo de Colombia, dónde está, Alberto Coral, el hijo del oficial de Policía colombiana que descubrió en que lugar estaba el narcotraficante más grande en el mundo de la cocaína: Pablo Escobar”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Contexto de activismo y represalias políticas
Beto Coral, originario de Medellín y con una solicitud de asilo aún pendiente en EE. UU., se había convertido en una figura incómoda para la administración estadounidense y para la campaña de Abelardo de la Espriella. Días antes de su detención, el activista viajó a Miami para promover el voto en contra del candidato colombiano y presentó una denuncia ante el FBI contra De la Espriella por grabación ilegal. La esposa de Coral, en una declaración contundente, aseguró que “aquí no solo está en juego la libertad de Beto, aquí está en juego los derechos de una persona, la libre expresión, el debido proceso, la dignidad y la libertad humana de todo aquel que piense diferente. Y esto no lo vamos a silenciar. Beto merece estar libre”. Mientras tanto, la familia de Coral ha afirmado que los agentes del HSI le mostraron a su expareja una carta de Rubio que anulaba su permiso de trabajo y autorizaba su arresto, reforzando la tesis de que la detención tiene un trasfondo político. Petro, en su denuncia, también recordó otros episodios de violencia política en Colombia, mencionando el asesinato de “más de 7.000 militantes del partido legal colombiano: la Unión Patriótica” y vinculó a De la Espriella con “narcoparamilitares”, citando el asesinato del senador Manuel Cepeda. Con una audiencia fijada para el 30 de junio de 2026, el presidente colombiano concluyó su intervención pidiendo solidaridad internacional: “a los gobiernos del mundo y a las organizaciones de derechos humanos del mundo para liberar al preso de conciencia Alberto Coral detenido en el estado de la Florida de los EE. UU.”, un llamado que resuena en medio de las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.
