En un debate de control político que se desarrolló este jueves 19 de junio en el recinto Los Comuneros del Concejo de Bogotá, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, reveló que dentro del universo de 293.869 comparendos bajo investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte no se registra ni una sola fotomulta por exceso de velocidad en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020. La afirmación busca desvirtuar una de las principales líneas de cuestionamiento contra el sistema de fotodetección distrital, que ha sido objeto de una investigación abierta formalmente mediante la Resolución 7073 del 19 de mayo de 2025 —aunque en el texto oficial aparece como 2026, posible error tipográfico—.
Durante la sesión, a la que asistieron los concejales Emel Rojas, Julián Forero, Julián Uscátegui, Juan Manuel Díaz, Juan Quintero, Elkin Huertas, Ángelo Schiavenato, Diana Diago, José Cuesta y Clara Sandoval, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también presente, escuchó la defensa del Distrito, que insiste en que las cámaras y los procedimientos cumplen con la normativa vigente. La investigación, que se encuentra en etapa probatoria y sin decisión de fondo, analiza un presunto incumplimiento de requisitos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Metrología. La secretaria Díaz subrayó que el proceso “se encuentra en una etapa inicial” y confirmó que la Alcaldía ya presentó descargos y solicitó la nulidad del procedimiento.
Las cifras detrás de la controversia
De los 293.869 comparendos revisados, 107.326 fueron pagados, mientras que 186.543 permanecen pendientes, generando un recaudo total de 70.773 millones de pesos. El análisis de las infracciones muestra un predominio absoluto del estacionamiento indebido, que representa el 88,2% de los casos, seguido por sitios restringidos con un 6,5% y otras faltas con un 5,3%. El código C29, que corresponde a exceso de velocidad, arrojó un 0% de participación, descartando de plano esa causal en el universo bajo lupa. De llegar a determinarse incumplimientos, el Distrito debería revocar los 186.543 comparendos no pagados, con una posible sanción estimada en 141.000 millones de pesos—un monto que duplica lo ya recaudado—. Sin embargo, el tiempo estimado de resolución del proceso es de hasta tres años, lo que deja en vilo a los conductores afectados y abre un frente de incertidumbre para las finanzas distritales.
«Se encuentra en una etapa inicial»
Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá
Mientras la Superintendencia de Transporte y el Ministerio adelantan la investigación, varios concejales de distintas bancadas cuestionaron la comunicación oficial de la Superintendencia, que podría haber generado la impresión de que ya existe una decisión definitiva. El gobierno nacional, por conducto de la ministra Rojas, ha anunciado posibles revisiones masivas de fotomultas en otras ciudades, lo que amplifica el alcance político y jurídico del caso. Bogotá, mientras tanto, mantiene su defensa basada en la legalidad técnica de las cámaras y la correcta aplicación de los procedimientos, en un proceso que, lejos de resolverse en el corto plazo, se perfila como un largo litigio administrativo.
