El presidente Gustavo Petro realizó declaraciones de apoyo al candidato Iván Cepeda a un día de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, pese a una medida judicial provisional que le prohíbe utilizar canales oficiales para propaganda electoral. La restricción fue emitida por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín como parte de una tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas, quien denunció que el mandatario estaba usando su cargo para favorecer a un aspirante. La jueza Anny Carolina Goenaga Peláez ordenó a Petro abstenerse de usar su cuenta de X @petrogustavo, alocuciones oficiales y correrías políticas para promover o perjudicar candidatos, así como difundir denuncias de fraude electoral sin respaldo. La medida se sustenta en un antecedente del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, que ya le había ordenado al presidente no difundir propaganda electoral desde su posición.
Las declaraciones de Petro se produjeron en un evento en Cali y a través de un mensaje en su cuenta de X, donde afirmó: «Acaba una administración pública pero el pueblo decidirá. Lo que se ha construido aquí es más justicia social y un pueblo que se atreve a hablar. Siempre Colombia puede volver a la masacre del Aro y al silencio y a la soledad. Es una escogencia». Además, en el acto público, el mandatario lanzó una frase dirigida al expresidente Álvaro Uribe: «Yo le digo a Uribe que sirva es sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber».
Medida judicial y antecedentes
La jueza Goenaga consideró que las intervenciones de Petro podrían comprometer el derecho de libre elección y alterar la igualdad entre candidatos. La tutela fue admitida con una medida provisional que ordena a la Presidencia responder en un plazo de dos días. Asimismo, el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes informar sobre el estado de los procesos contra Petro por presunta participación indebida en política, incluyendo el auto que ordenaba su suspensión, emitido el 10 de junio de 2026. La medida advierte que el incumplimiento de esta restricción puede activar sanciones por desacato de tutela, lo que añade tensión a un escenario electoral ya polarizado.
