En una contundente denuncia que sacude el panorama político y de seguridad del departamento, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, reveló que el alcalde del municipio de Meseta fue víctima de un intento de secuestro. La mandataria informó que, tras el grave episodio, el funcionario local no ha podido regresar a su territorio para ejercer sus funciones, en medio de un clima de zozobra que se intensifica a pocas horas de la segunda vuelta electoral.
Cortés hizo público su reclamo a través de redes sociales, donde elevó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que refuerce su presencia y acompañamiento en la región. “A pocas horas de las elecciones, reitero mi llamado urgente al Gobierno Nacional para que fortalezca su presencia y acompañamiento en el Meta. Hemos advertido sobre riesgos de seguridad, presiones contra comunidades y hechos violentos que generan profunda preocupación”, expresó la gobernadora, quien ha insistido en que la situación no puede normalizarse.
Alerta por hechos que no pueden volverse paisaje
La gobernadora calificó el atentado contra el alcalde de Meseta como un hecho “extremadamente grave” que debe encender las alarmas a nivel nacional. En su pronunciamiento, Cortés denunció que estos eventos violentos se suman a un contexto de presiones armadas contra las comunidades, justo cuando el departamento se prepara para una nueva jornada democrática. “Quiero alertar al país sobre una situación extremadamente grave. Estos hechos no se pueden volver paisaje en el país”, señaló la mandataria, visiblemente consternada.
“Los metenses no estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo protección para nuestros ciudadanos, nuestros líderes, nuestras instituciones y nuestra democracia. El Meta no puede quedar solo”.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta
Hasta el momento de la publicación de esta noticia, el Gobierno Nacional no había emitido una respuesta pública ni anunciado nuevas acciones de seguridad específicas para el Meta. La ausencia de reacción oficial incrementa la incertidumbre en un departamento que, en vísperas de la segunda vuelta electoral, enfrenta una grave crisis de orden público que pone en riesgo el desarrollo de los comicios y la integridad de sus líderes y ciudadanos. La denuncia de la gobernadora deja en evidencia la fragilidad institucional en zonas donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente para garantizar la democracia y la vida de quienes la ejercen.
