El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1099 de 2026, un instrumento que adopta un nuevo modelo de atención en salud para la población privada de la libertad en Colombia. La medida, firmada en Bogotá el 22 de junio de este año, deroga las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016, y establece un esquema basado en la Atención Primaria en Salud que busca superar la fragmentación histórica del sistema y las barreras de acceso que han afectado a los internos en los establecimientos de reclusión bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El nuevo modelo, que responde a mandatos legales y a órdenes específicas de la Corte Constitucional plasmadas en la Sentencia T-494 de 2023 y el Auto 1677 de 2025, incorpora herramientas como la telesalud, servicios extramurales y protocolos ajustados al contexto penitenciario. Una de las innovaciones centrales es la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria, definidas según su capacidad poblacional, perfil de seguridad, condiciones jurídicas y accesibilidad geográfica, lo que permitirá una asignación más eficiente y equitativa de los recursos asistenciales.
Un enfoque integral para la salud penitenciaria
El Ministerio de Salud explicó que la resolución establece seis componentes fundamentales en la estructura del modelo, entre los que se incluyen lineamientos sobre aseguramiento en salud, gestión integral del riesgo, procesos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de seguimiento y evaluación. “Como eje transversal, incorpora estrategias para fortalecer la gobernabilidad y gobernanza del talento humano en salud”, señaló la cartera en un comunicado oficial. Además, el modelo contempla enfoques diferenciales para personas privadas de la libertad y para los menores de 3 años que conviven con sus madres en centros de reclusión.
La implementación será gradual, con un plan de transición que permita a las instituciones adaptarse a las nuevas disposiciones. “Con esta medida, el Gobierno nacional busca superar progresivamente problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad a las personas privadas de la libertad”, indica el documento oficial de la Resolución 1099 de 2026.
«Con esta medida, el Gobierno nacional busca superar progresivamente problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad a las personas privadas de la libertad».
Documento oficial de la Resolución 1099 de 2026
Paralelamente, el Inpec continúa impulsando procesos de resocialización y educación. El mismo 22 de junio de 2026, en la Cárcel Buen Pastor, 31 mujeres privadas de la libertad se graduaron como bachilleres, un logro que el Instituto destacó como parte de su gestión. “Seguimos avanzando con acciones que fortalecen la gestión institucional, la seguridad y la resocialización al servicio del país”, afirmó el Inpec en un comunicado. La noticia de la nueva resolución se enmarca en un contexto de mejoras progresivas para la población carcelaria, que busca atender las históricas deficiencias del sistema penitenciario colombiano.
