En un nuevo capítulo del pulso jurídico que rodea las medidas de excepción del Gobierno Petro, el magistrado Miguel Polo Rosero presentó una ponencia ante la Sala Plena de la Corte Constitucional en la que propone avalar, aunque con importantes salvedades, el segundo decreto de emergencia económica dictado por el Ejecutivo para hacer frente a la grave crisis humanitaria y ambiental que azota la costa Caribe y el departamento de Antioquia. La Sala Plena, compuesta por nueve magistrados además del ponente, tiene previsto discutir y definir el futuro de esta herramienta extraordinaria en la sesión del próximo 24 de junio, una decisión que determinará el margen de maniobra fiscal del Gobierno para atender a las más de 200.000 personas que, según el propio Ejecutivo, han resultado damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones en los últimos meses.
La ponencia del magistrado Polo Rosero, que ya ha sido puesta a consideración del resto de la corporación, se presenta como un intento de conciliar la necesidad de una respuesta estatal urgente con los rigores del control constitucional. En esta línea, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha respaldado explícitamente la validez del decreto. En su concepto ante la Corte, el jefe del Ministerio Público afirmó que «es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria», argumento central que, según el procurador, cumple a cabalidad con los requisitos constitucionales para justificar una declaratoria de emergencia.
La sombra de los 8 billones de pesos y el control fiscal
No obstante el respaldo de la Procuraduría, la discusión en la Corte no estará exenta de escrutinio, especialmente en lo que respecta a la magnitud de los recursos que el Gobierno pretendía movilizar. El decreto en cuestión buscaba recaudar una cifra cercana a los 8 billones de pesos para financiar la atención de la emergencia, un monto que ha puesto en alerta a la Contraloría General de la República. El ente de control fiscal ya ha solicitado formalmente todos los soportes técnicos y financieros que justifiquen semejante cuantía, en medio de un clima de desconfianza institucional. La decisión de la Sala Plena no solo definirá si se avala o no el decreto, sino que establecerá el marco legal dentro del cual el Gobierno puede disponer de estos recursos, en un contexto donde esta es la segunda emergencia económica que decreta el presidente Gustavo Petro, luego de que la primera fuera suspendida por la misma Corte tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
El impacto de la catástrofe, según los balances oficiales y lo expuesto por el procurador, se ha extendido como una mancha sobre el territorio nacional. Se estima que más de un centenar de municipios han resultado afectados, concentrándose los mayores daños en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. La magnitud de la tragedia, con miles de familias damnificadas por el desbordamiento de ríos y las constantes precipitaciones, es el hecho fáctico que el Gobierno ha esgrimido como principal argumento para recurrir a esta figura de excepción, la cual le otorga facultades extraordinarias por un período limitado para legislar en materia económica. La Sala Plena de la Corte Constitucional se erige, una vez más, como el árbitro final de esta compleja ecuación entre la urgencia humanitaria, la legalidad fiscal y el control al poder ejecutivo.
