La organización Fondejusticia y Verdad presentó ante el 56° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en la ciudad de Panamá entre el 22 y el 24 de junio de 2026, el informe “Las Queremos Vivas, Ni Una Más, Ni Una Menos – Informe sobre Violencia de Género en Colombia y Panamá 2026”. El documento, entregado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), denuncia fallas estructurales en prevención, protección y justicia frente a la violencia basada en género en Colombia. Según los datos recopilados, durante 2025 el Observatorio de Feminicidios Colombia reportó 886 casos de feminicidio, mientras que la Defensoría del Pueblo contabilizó 129 adicionales a corte de marzo de 2026. La secretaria ejecutiva de Fondejusticia y Verdad, Hilda Lorena Leal, afirmó que detrás de cada cifra existe una mujer, una familia y una historia que no puede ser reducida a un dato estadístico, y que el informe es un llamado a los Estados para que escuchen a las víctimas, fortalezcan los mecanismos de protección y garanticen que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la violencia o la búsqueda de justicia.
El informe, elaborado con base en datos del Observatorio de Feminicidios Colombia y la Defensoría del Pueblo, recopila casos de feminicidio, violencia sexual, intrafamiliar, digital, política e institucional ocurridos en diversas regiones del país, incluyendo Bogotá, Yotoco, Boyacá, Medellín, Santander, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Meta, Montería, Cartagena y Kennedy, entre otros. La directora de proyectos de la organización, Carolina Guarín, señaló que la violencia de género en Colombia es un problema estructural que persiste a pesar de los esfuerzos institucionales. El documento evidencia patrones de violencia de pareja o expareja, violencia digital creciente —como difusión no consentida de contenido íntimo, acoso y uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas— y violencia institucional caracterizada por demoras y revictimización de las denunciantes. Asimismo, se alerta sobre el mayor riesgo que enfrentan mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, niñas, lideresas y defensoras de derechos humanos.
Reclutamiento forzado de menores, una emergencia humanitaria
El informe de Fondejusticia y Verdad también aborda el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes como una emergencia humanitaria. Según datos de Unicef citados en el documento, los casos de reclutamiento forzado verificados pasaron de 116 en 2020 a 453 en 2024, lo que representa un aumento del 300% en cinco años. Durante el primer semestre de 2025 se registraron 55 nuevos casos, de los cuales 35 corresponden a menores indígenas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reporta que entre 1971 y 2016 las Farc reclutaron a 18.677 niños, niñas y adolescentes. El informe destaca que en junio de 2026 al menos 11 menores murieron en enfrentamientos armados en Barranco Colorado, San José del Guaviare, una tragedia que evidencia la gravedad del conflicto armado sobre la niñez colombiana.
«Las investigaciones muestran que muchas víctimas habían sufrido previamente agresiones físicas, amenazas, control económico, vigilancia permanente y restricciones a su libertad.»
Informe de Fondejusticia y Verdad
Casos emblemáticos y violencia política
Entre los casos emblemáticos citados en el informe se encuentra el de Sandra Milena Castro Quiñónez, quien fue atacada en enero de 2026 en Bogotá por su compañero sentimental César Camilo Aldana, quien la hirió con arma blanca en al menos 55 ocasiones. El documento subraya que este caso refleja la persistencia de la violencia extrema dentro de relaciones de pareja y demuestra cómo la violencia física suele estar precedida por formas previas de control, intimidación o agresión psicológica. Otro caso mencionado es el de una mujer asesinada en Yotoco, Valle del Cauca, cuyo principal sospechoso es un familiar cercano. Sobre este hecho, el informe señala que la prevención de la violencia intrafamiliar requiere estrategias integrales de detección temprana y acompañamiento psicosocial.
En el ámbito de la violencia política, el informe documenta el caso de la senadora María Fernanda Cabal Molina, quien ha sufrido amenazas, hostigamiento digital y estigmatización. Se contabilizan 56 denuncias presentadas sin resultados efectivos, desde una perspectiva de derechos humanos y no de conclusión judicial. La organización Fondejusticia y Verdad, con sede en Colombia y Panamá, presentó este informe ante la OEA con el objetivo de presionar a los Estados para que mejoren su respuesta institucional frente a la violencia de género, que sigue cobrando vidas y dejando familias destrozadas en todo el territorio nacional.
