Un campesino, cuya identidad no ha sido revelada, resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersona mientras transitaba por un camino veredal en la vereda El Retiro, en límites con Orú 7, zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El hecho, que se suma a una escalofriante estadística de víctimas civiles, pone en evidencia la expansión de estos artefactos explosivos en medio de la disputa territorial que sostienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc por el control de economías ilegales.
Según reportes del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, cerca de veinte personas han llegado en estado delicado en los últimos meses debido a lesiones causadas por minas antipersona y por enfrentamientos del conflicto armado. Los municipios donde se concentra la mayor presencia de estos artefactos en el Catatumbo son Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen, zonas donde los caminos veredales han sido convertidos en corredores estratégicos por los grupos ilegales.
Las comunidades rurales han denunciado que el incremento de minas antipersona responde directamente a la confrontación entre el ELN y las disidencias, una lucha que ha dejado en los últimos doce meses a civiles —niños, adultos mayores, mujeres— y animales como víctimas de estos explosivos. Las heridas suelen afectar principalmente las extremidades, generando amputaciones y discapacidades permanentes.
«Desde las comunidades rurales se advierte que los caminos veredales siguen expuestos a la presencia de minas antipersona»
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas
Ante este panorama, las organizaciones de víctimas y los líderes comunitarios exigen mayores acciones de desminado humanitario y una presencia institucional más efectiva que garantice la seguridad de los habitantes del Catatumbo. Mientras tanto, cada paso por una trocha o un sendero rural se convierte en una apuesta entre la vida y la muerte, en una región donde la guerra no da tregua y los caminos siguen sembrados de muerte.
