El futuro de los diálogos de paz en Colombia dependerá exclusivamente de la voluntad del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha afirmado que no negociará con grupos armados sino que buscará su sometimiento a la justicia. Así lo advierte Nicolás Mayorga, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, en un análisis publicado tras la jornada electoral del 21 de junio, en la que más de 23 millones de colombianos participaron para elegir al nuevo mandatario, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026.
De la Espriella, un abogado penalista que llegó a la presidencia como un outsider, sostuvo durante su campaña que en su gobierno no habrá negociación política con grupos armados ilegales y que la estrategia del Estado estará orientada al sometimiento a la justicia. Según Mayorga, la propuesta de seguridad y justicia del presidente electo establece que “no habrá negociación política con criminales, sino sometimiento a la ley”, y ha cuestionado que los procesos de paz hayan terminado “empoderando a estructuras ilegales y debilitando la autoridad del Estado”. Esta postura pone en vilo los procesos de paz iniciados por el gobierno de Gustavo Petro, que incluyen diálogos con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Base legal para el cambio de estrategia
El profesor Mayorga explica que la decisión de terminar las actuales mesas de diálogo no requeriría una reforma legal, pues la base jurídica que permite adelantar negociaciones es una facultad, no una obligación del Ejecutivo. La Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 2272 de 2022, en su artículo 8, faculta al Gobierno a adelantar diálogos, pero no lo obliga. “La relevancia de esta disposición radica en que utiliza el verbo ‘podrán’, lo que configura que es una facultad y no una obligación para el Ejecutivo. La misma norma dispone que ‘los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz’, dejando en cabeza del Gobierno la decisión sobre la conveniencia y alcance de las negociaciones”, señaló el académico.
“En consecuencia, una eventual decisión de un gobierno de Abelardo de la Espriella de terminar las actuales mesas de diálogo con el ELN, las disidencias de las Farc u otros grupos armados no requeriría una reforma legal. Desde el punto de vista jurídico, bastaría con que el Ejecutivo decidiera no ejercer las facultades que le confiere el artículo 8 de la Ley 418 de 1997 para adelantar negociaciones de paz”.
Nicolás Mayorga, profesor de la Universidad de La Sabana
El experto también señaló que una posible salida para los actuales procesos de paz sería que antes del 7 de agosto se firme algún acuerdo, aunque consideró que esto es poco probable. De la Espriella ha sido claro en que los delincuentes podrán someterse a la justicia, pero no negociar la paz, lo que marca un giro radical en la estrategia de seguridad del Estado colombiano.
