El presidente electo Abelardo de la Espriella evalúa una profunda reestructuración del Estado colombiano que incluye la fusión del Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, reduciéndolo a un viceministerio, como parte de un ambicioso plan de ajuste que pretende achicar el tamaño del Estado en cerca de un 40% y generar un ahorro fiscal de entre 25 y 30 billones de pesos. La información, publicada por la revista Cambio a partir de fuentes de la campaña del mandatario electo, revela que la reorganización pasaría de los actuales 19 ministerios a tan solo 9 o 10 carteras, en lo que sería una de las reformas administrativas más drásticas de la historia reciente del país.
Según los cálculos del equipo de transición, el Estado colombiano arrastra un exceso de más de 700.000 funcionarios y contratistas, una burocracia que consideran insostenible y que pretenden recortar de manera significativa. La fusión del Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior sería solo una pieza de un engranaje mayor que busca simplificar la estructura estatal, eliminar duplicidades de funciones y reducir el gasto público. El margen electoral obtenido por De la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, donde alcanzó el 49,66% frente al 48,69% de Iván Cepeda en el resultado más ajustado de la historia electoral colombiana, le otorga un mandato estrecho pero claro para impulsar estas transformaciones, aunque deberá construir mayorías en un Congreso fragmentado.
Un antecedente con resultados mixtos
No es la primera vez que Colombia considera fusionar estas dos carteras. En 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez implementó una medida similar mediante 18 decretos que reglamentaron la fusión de seis ministerios y la supresión de 714 cargos. Medios de la época registraron que “mediante 18 decretos, firmados por el presidente Álvaro Uribe Vélez, ayer quedó reglamentada la fusión de seis ministerios y la supresión de 714 cargos de esas carteras”. Sin embargo, la experiencia no cumplió las expectativas de ahorro fiscal ni mejoró la eficacia institucional, y en 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos separó nuevamente ambas carteras, argumentando que la agenda de justicia había quedado subordinada a las prioridades políticas del Ministerio del Interior.
«Mediante 18 decretos, firmados por el presidente Álvaro Uribe Vélez, ayer quedó reglamentada la fusión de seis ministerios y la supresión de 714 cargos de esas carteras»
Medios de la época, sobre la fusión de 2002
De la Espriella, abogado penalista de profesión, ha calificado de “absurdo” al Ministerio de la Igualdad y ha señalado los cruces de competencias entre el Ministerio del Interior y el de Defensa como ejemplos de lo que busca simplificar. No obstante, la propuesta de rebajar el ministerio que lideró su propio sector tiene una carga simbólica que podría generar resistencia entre gremios de abogados, jueces y fiscales, así como en las altas cortes, que perderían un interlocutor autónomo con asiento en el consejo de ministros. El Ministerio de Justicia mantendría sus funciones sustantivas, pero dejaría de ser una cartera independiente, lo que según críticos podría debilitar la independencia judicial en la práctica.
La implementación de esta reforma requeriría una ley aprobada por el Congreso o el uso de facultades extraordinarias, como ocurrió en 2002 y 2011. Sin embargo, el panorama legislativo es complejo: la fragmentación del Congreso obligará al gobierno entrante a negociar intensamente para conseguir los votos necesarios. Además, el recorte de burocracia reduce el margen de negociación política con el Legislativo, pues muchos congresistas dependen de cuotas burocráticas para mantener su influencia regional. La experiencia previa de 2002-2011 demostró que la fusión no logró los ahorros prometidos ni la eficacia esperada, un antecedente que pesa sobre la viabilidad real del proyecto. La publicación de Cambio advierte que el gobierno entrante tendrá que construir mayorías en un Congreso fragmentado para sacar adelante la modificación, en un escenario donde la oposición ya anticipa un debate intenso sobre el tamaño y las funciones del Estado.
