Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas señaladas de integrar una estructura que habría direccionado y ejecutado irregularmente contratos por cerca de 496.000 millones de pesos, vinculados a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) y financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La decisión judicial se tomó tras las audiencias concentradas en las que la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó el material probatorio que vincularía a los procesados con un esquema de corrupción que comprometió recursos de regalías en proyectos de infraestructura, desarrollo agrícola, iniciativas ambientales, tecnología y seguridad alimentaria.
Entre los procesados se encuentran Gustavo Bolaño Pastrana, quien fungió como exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, en sus calidades de representante legal y tesorera, respectivamente. También fueron enviados a prisión Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar, quienes se desempeñaban como coordinadores, además de Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado como enlace con terceros. A todos se les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
Contratos fuera de la jurisdicción y empresas fachada
La investigación de la Fiscalía reveló que la estructura habría suscrito 101 contratos con alcaldías y gobernaciones, para luego subcontratar con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas, desconociendo los requisitos establecidos en la contratación estatal. Un aspecto que llamó la atención de las autoridades es que, pese a que los estatutos de Aremca limitaban su actuación a la región Caribe, los contratos se ejecutaron en departamentos como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander. La Fiscalía detalló que los procesados utilizaban manuales internos para eludir controles, carecían de estudios previos, empleaban listados cerrados de proveedores y celebraban contratos de prestación de servicios para obras civiles, alquiler de maquinaria y suministros.
«La estructura habría suscrito 101 contratos con entidades públicas y posteriormente subcontratado con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas, desconociendo los requisitos establecidos en la contratación estatal»
Fiscalía General de la Nación
El ente acusador identificó además un enriquecimiento ilícito en 23 procesos por aproximadamente 14.235 millones de pesos, así como la omisión en el cobro de impuestos territoriales por 6.913 millones de pesos. A esto se suma la falta de retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). La operación contractual investigada habría ocurrido entre 2020 y 2026, periodo durante el cual la asociación suscribió más de un centenar de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
«Finalmente, fueron identificadas anomalías asociadas a la omisión en el cobro de 6.913 millones de pesos por concepto de impuestos territoriales y a la falta de retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)»
Fiscalía General de la Nación
Los nueve procesados fueron enviados a un centro carcelario, sin que se haya especificado cuál, mientras continúa la investigación por parte de la Fiscalía, que busca determinar el destino final de los recursos y el alcance total de las presuntas irregularidades en la contratación con recursos de regalías.
