Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), anunció que apelará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que prorrogó por un año su medida de aseguramiento y orden de captura. González calificó el proceso como una incriminación política basada exclusivamente en el testimonio de un único testigo, quien a su juicio busca beneficios judiciales. El exfuncionario intervino desde Nicaragua, país donde se encuentra asilado, durante la audiencia del 10 de junio, cuando la Fiscalía sustentó la necesidad de mantener la medida al considerar que la orden de captura no se ha podido ejecutar por la condición de prófugo de González.
El exdirector del Dapre, investigado por su presunta participación en el esquema de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), enfrenta tres cargos imputados: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. La prórroga de la medida de aseguramiento, que inicialmente tenía vigencia hasta el 2 de julio de 2026, fue decidida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con ponencia del magistrado Fabio Bernal, quien además señaló que González “diseñó sus propios modos” para permanecer prófugo de la justicia colombiana. Desde el despacho de González, según la investigación, habrían surgido instrucciones para entregar contratos y pagos irregulares a cambio de favorecer iniciativas legislativas del Gobierno.
En su intervención, González rechazó contundentemente los señalamientos. “Estoy frente a un acto de incriminación política por parte de un solo señor”, afirmó. “Revisados esos documentos de la Fiscalía, ninguno tiene que ver con mi conducta, salvo el testimonio de un solo señor que tiene claramente la intención de incriminarme para salvar su pellejo”, agregó.
“Él habla del mes de septiembre y jamás me reuní con ese señor. Jamás. Lo tengo que decir aquí ante la opinión pública, ante ustedes, señores fiscales, señores magistrados, jamás me reuní con ese señor. Ese hecho nunca pasó”.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
La Fiscalía, representada por María Cristina Patiño, justificó la prórroga argumentando que “la medida de aseguramiento no se ha podido materializar, puesto que el procesado González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, amparado en una solicitud de asilo político que ha impedido su detención y su sometimiento para el cumplimiento de la decisión judicial”. Olmedo López, exdirector de la Ungrd y principal testigo del caso, ha reconocido responsabilidades penales, mientras que González lo calificó de “bandido confeso” y negó haberse reunido con él en la fecha señalada por la investigación. El exfuncionario insistió en su inocencia y anunció que agotará todas las instancias judiciales para desvirtuar los cargos en su contra.
