La Fiscalía General de la Nación ordenó un robusto paquete de diligencias de policía judicial para esclarecer la presunta agresión sexual cometida por un pasajero a bordo del vuelo AV010 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Madrid el pasado 10 de mayo de 2026. La investigación, que involucra los delitos de acto sexual violento y perturbación en servicio de transporte colectivo, avanza con el objetivo de recaudar todas las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad del implicado, identificado como César Augusto Rodríguez Muñoz, quien fue retirado de la aeronave bajo custodia policial presentando aparentes signos de embriaguez.
Las autoridades judiciales han puesto en marcha una serie de acciones para reconstruir los hechos. Entre las diligencias ordenadas se encuentran las entrevistas formales al subintendente y al patrullero de la Policía que intervinieron en el procedimiento de retiro del pasajero, así como a la tripulación del vuelo. De manera paralela, la Fiscalía ha girado oficios al consorcio Opaín, operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, para obtener los registros de las cámaras de seguridad tanto del momento del abordaje como del desembarque forzoso de Rodríguez Muñoz, con el fin de contrastar la cronología de lo sucedido.
En busca de la víctima y el pleno esclarecimiento de los hechos
Una de las prioridades de la investigación es la ubicación y entrevista de la presunta víctima de la agresión. La Fiscalía ha solicitado que, una vez sea contactada, sea remitida a Medicina Legal para la práctica de un examen sexológico que permita documentar las evidencias del ataque. Asimismo, se ha requerido a la Registraduría Nacional la cartilla decadactilar de César Augusto Rodríguez Muñoz para confirmar su plena identidad, un paso fundamental para garantizar que la investigación se dirija contra la persona correcta.
El incidente, que afectó los itinerarios de 276 pasajeros, ha sido calificado por Avianca como un hecho de suma gravedad que trasciende una simple falta de convivencia. La aerolínea, representada legalmente por el abogado Mauricio Pava, presentó las denuncias penales y civiles correspondientes, argumentando que la conducta del pasajero compromete la dignidad de los viajeros, la integridad de la tripulación y la seguridad de la operación. Según los cálculos de la compañía, las pérdidas operativas y logísticas derivadas de este suceso ascienden a los 40.000 dólares, una cifra que refleja el costo de la demora, el combustible y la reubicación de los afectados.
«Avianca indicó que mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia, abuso, intimidación o agresión dentro de sus aeronaves»
Con las diligencias ordenadas, la Fiscalía busca no solo determinar la responsabilidad penal del pasajero investigado, sino también esclarecer si hubo omisiones o fallas en el protocolo de seguridad a bordo. El caso, que mezcla la seguridad aérea con la protección de los derechos de los pasajeros, se perfila como un precedente en la lucha contra las agresiones sexuales en vuelos comerciales desde Colombia. Mientras tanto, la defensa de Avianca, liderada por el doctor Pava, espera que el proceso judicial concluya con la sanción ejemplar para el responsable y la reparación de los cuantiosos perjuicios causados a la aerolínea y, sobre todo, a la víctima.
