La exministra de Justicia Ángela María Buitrago reveló que su renuncia al cargo estuvo motivada por profundas diferencias con el Gobierno Nacional en torno al proyecto de sometimiento a la justicia para el Clan del Golfo, una iniciativa de más de sesenta páginas que proponía aumentar las penas y garantizar la reparación a las víctimas, pero que no recibió el aval presidencial para ser radicada en el Congreso. En entrevista con La FM, Buitrago explicó que el documento se sustentó en la Ley 2272 y fue elaborado a partir de información recogida en regiones como Antioquia, Catatumbo, Cauca, Tolima y Huila, con el objetivo de imponer consecuencias penales efectivas a los integrantes de estructuras criminales.
El proyecto buscaba revisar cada tipo penal en su integridad, considerando que estos grupos no solo realizaban reclutamiento forzado y trata de personas, sino también delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, además de ejercer control territorial. Buitrago defendió un enfoque de derecho penal estricto, sin prebendas, inmunidades, amnistías ni perdones, postura que generó incomodidad en el Gobierno. Según la exministra, se le presentó una alternativa sin penas que ella rechazó de plano.
Presiones y salida del Ministerio
Buitrago también señaló que su salida fue influenciada por un hecho concreto: el levantamiento de una orden de captura contra una persona reclamada tanto por Estados Unidos como por Colombia. Este episodio se sumó a las tensiones generadas por un comunicado de un alto jefe de las FARC que la acusaba de torpedear el proceso de paz y los beneficios a los que consideraban tener derecho. La exministra afirmó que la política de paz dependía directamente del presidente Gustavo Petro y que, en ese contexto, su posición resultó incompatible con la del Ejecutivo.
«Ese proyecto se realizó con base en la necesidad de que se impusieran penas a las personas que habían delinquido, que cada tipo penal se revisara en toda su integridad, porque estos grupos estaban realizando no solamente reclutamiento forzado, trata de personas, delitos de lesa, delitos de guerra y sobre esos supuestos también generaban una serie de controles territoriales».
Ángela María Buitrago, Exministra de Justicia
Además, Buitrago mencionó a la senadora Isabel Zuleta como una de las figuras involucradas en discusiones sobre posibles mesas de diálogo con el Clan del Golfo, un escenario que ella consideraba inviable sin garantías de justicia. La exministra insistió en que el derecho internacional impide que delitos de lesa humanidad queden sin sanción, y advirtió que cualquier proceso de sometimiento debe incluir penas de cárcel efectivas. El proyecto de Buitrago también regulaba la situación de condenados y la extradición, pero al no contar con el respaldo presidencial, su salida del Ministerio de Justicia se concretó en medio de un debate que sigue abierto sobre el futuro de la política criminal en Colombia.
