La exsenadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 26 de junio de 2026 a las 8:00 de la mañana, luego de ser citada a rendir versión libre en el marco de una investigación preliminar que busca esclarecer su presunta participación irregular en un allanamiento realizado en la cárcel La Picota de Bogotá. La diligencia, programada por el magistrado ponente y presidente de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, busca determinar si la entonces congresista sobrepasó sus funciones de control político al intervenir en un procedimiento judicial y penitenciario que habría ocurrido a comienzos de julio de 2025.
La investigación, abierta en diciembre de 2025, se centra en el operativo que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizó en el centro penitenciario para incautar un arma que, según información de inteligencia, alias Pipe Tuluá -cabecilla con condenas por múltiples homicidios- presuntamente planeaba usar contra otro recluso conocido con el alias de Araña, quien figura como un disidente de las Farc y gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. El punto central del debate judicial es si Zuleta acompañó el proceso como testigo o si, por el contrario, dirigió el procedimiento, una acción que excedería las competencias propias de un congresista e invadiría funciones exclusivas de la rama judicial y de las autoridades penitenciarias.
Investigación por presunto exceso de funciones
El expediente indaga si la exsenadora estuvo presente en el momento exacto en que alias Pipe Tuluá hizo entrega del arma durante el allanamiento, un detalle que resulta clave para definir su grado de responsabilidad. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema busca establecer si la presencia de la entonces congresista no se limitó a una mera observación, sino que implicó una participación activa y directa en la operación. Cabe recordar que, meses después de este episodio, Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos por narcotráfico y concierto para delinquir. El presidente Gustavo Petro denunció públicamente que el cabecilla intentó frenar su extradición mediante presuntos sobornos, un hecho que añade una capa adicional de complejidad al contexto del caso.
No es la primera vez que Isabel Zuleta se ve envuelta en controversias relacionadas con su accionar en centros carcelarios. La exsenadora ya había sido investigada por la Corte Suprema por su intervención en la cárcel de Itagüí, en Medellín, donde se desató una polémica tras la realización de una parranda vallenata con el cantante Nelson Velázquez. Este episodio motivó una denuncia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien la acusó de presunto tráfico de influencias y obstrucción a la función pública. Asimismo, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago sostuvo que Zuleta la cuestionó de manera directa por los operativos que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario realizaba en distintas prisiones del país.
La diligencia de versión libre del 26 de junio se presenta como un paso crucial para determinar si el procedimiento en La Picota constituyó una injerencia en competencias judiciales o si, por el contrario, la exsenadora actuó dentro del marco de sus funciones de control político. El resultado de esta investigación podría sentar un precedente sobre los límites de la labor congresional en asuntos que competen exclusivamente a la Fiscalía y al sistema penitenciario colombiano.
