La Fiduprevisora S.A. suspendió un contrato valorado en más de 33.000 millones de pesos destinado al arrendamiento de equipos de cómputo, tras recibir una advertencia preventiva de la Procuraduría General de la Nación que alertó sobre posibles irregularidades en la etapa precontractual. La decisión, firmada el miércoles 24 de junio por el presidente de la entidad, Diego Andrés Salcedo Monsalve, y la gerente de Adquisiciones y Contratos, Estefanía Gutiérrez Arcila, interrumpe la Invitación Abierta No. 004 de 2026, que se encontraba en su fase final. La adjudicación estaba prevista para el lunes festivo 29 de junio a la medianoche, pero la suspensión, basada en el manual interno de contratación de la Fiduprevisora y los términos de referencia del proceso, paralizó el trámite sin fijar una fecha de reinicio ni exponer razones de fondo.
La advertencia de la Procuraduría, comunicada a través de una mesa técnica virtual realizada el jueves 25 de junio con el delegado Marcio Melgosa, señaló fallas críticas en la etapa precontractual. Entre las observaciones, el organismo de control destacó la omisión de publicidad de los estudios previos y el análisis de mercado, así como una posible transgresión a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el oficio E-2026-325100, advirtió que «posiblemente se configura una transgresión a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad».
Doble valoración de la experiencia y falta de transparencia
Uno de los puntos más críticos señalados por la Procuraduría fue la asignación de cuarenta puntos a la acreditación de experiencia específica adicional, lo que representa un porcentaje alto dentro de la calificación total prevista para el proceso. Según el organismo de control, esta situación constituye una doble valoración de la experiencia requerida, dado que ya había sido exigida como requisito técnico habilitante. La advertencia fue clara: «Se asignan cuarenta (40) puntos a la acreditación de experiencia específica adicional, lo que representa un porcentaje alto dentro de la calificación total prevista para el proceso, situación que se reviste como una doble valoración de la experiencia requerida, dado que esta ya fue requerida como requisito técnico habilitante».
Además de la doble valoración, la Procuraduría alertó sobre la omisión de publicidad del análisis de mercado y los estudios previos, documentos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso. En la plataforma Secop II también aparecieron observaciones de empresas y una veeduría sobre la coherencia entre los indicadores financieros exigidos y el estudio de mercado, así como la falta de publicación de la metodología financiera y el análisis de pluralidad de oferentes. La Veeduría Transparencia y Firmeza contra la Corrupción cuestionó la estructuración de los indicadores financieros habilitantes, establecidos en la Adenda No. 2, y los requisitos restrictivos de la Adenda No. 3.
«Enviamos la documentación requerida, como el análisis de mercado y los estudios previos, aunque en la entidad tengamos un manual de contratación interno»
Diego Andrés Salcedo Monsalve, presidente de Fiduprevisora S.A.
Sin embargo, la respuesta de Fiduprevisora a las observaciones fue calificada por la Veeduría Transparencia y Firmeza contra la Corrupción como «insuficiente, evasiva y carente de soporte técnico verificable». La entidad está a la espera de una respuesta de la Procuraduría para decidir si reanuda el proceso, mientras que los dos proponentes, Ricoh Colombia S.A.S., con sede en Bogotá y constituida en 2014, y Nueva Era Soluciones NES S.A.S., de Cota, Cundinamarca, quedan a la espera de la resolución del conflicto.
