La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas al documentar 51 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país entre enero y mayo de 2026, señalando como principales responsables al Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la disidencia de las Farc liderada por alias Calarcá, y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un 23,5% de participación cada uno. El informe, basado en reportes institucionales, advierte que estas cifras apenas reflejan una parte de la realidad, pues existe un preocupante subregistro que podría indicar que el número real de víctimas es significativamente mayor. La persistencia del delito, pese a los diálogos de paz que el Gobierno sostiene con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes en el marco de la política de Paz Total, evidencia cómo las disputas territoriales y las economías ilegales continúan devorando la infancia en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
El análisis de los datos revela una geografía del horror concentrada en departamentos históricamente asediados por la violencia. Norte de Santander encabeza la lista con 15 casos, seguido de Cauca con 14, Antioquia con 4, y Caquetá y Nariño con 3 cada uno, mientras Putumayo reporta 2. La distribución mensual muestra que febrero fue el mes más crítico, concentrando el 35% de los casos, seguido por enero con el 23%, mayo con el 18%, y marzo y abril con un 12% cada uno. En contraste, el año 2025 cerró con 410 casos documentados, siendo Cauca el departamento más afectado con 182 víctimas, seguido de Antioquia (33), Norte de Santander (26), Chocó (25) y Huila (22).
Perfil de las víctimas y responsables
El perfil de los menores reclutados durante 2026 muestra que el 65% son hombres y el 35% mujeres, mientras que el 71% de las víctimas no se reconoce en ningún grupo étnico, un 17% pertenece a comunidades indígenas y un 12% a población afrocolombiana. La Defensoría señala que la autoría del delito se distribuye de forma casi simétrica entre los grupos armados: junto al 23,5% atribuido al ELN y al Estado Mayor de los Bloques y Frentes, un 21,6% se asigna a disidencias sin identificar y otro 21,6% al Estado Mayor Central. Esta radiografía contrasta con el año anterior, cuando el Estado Mayor Central era el principal reclutador con el 42,7% de los casos, seguido del ELN con el 10,5% y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes con el 8,8%. En 2025 también aparecieron como responsables el Clan del Golfo (5,9%), la Segunda Marquetalia (2,2%), el Comando de la Frontera (1%) y el crimen organizado (0,2%), con un 51% de víctimas indígenas, un 43% sin grupo étnico y un 6% afrocolombianas, y una composición de género de 57% hombres y 43% mujeres.
“El reclutamiento forzado sigue siendo una de las principales afectaciones del conflicto armado para la niñez colombiana, y la cifra de 51 casos en solo cinco meses evidencia que, lejos de desaparecer, el delito se mantiene activo y con un alarmante subregistro que no permite dimensionar la tragedia completa”
Defensoría del Pueblo, informe sobre reclutamiento forzado 2026
El informe de la Defensoría del Pueblo no solo entrega una radiografía cruda de la situación, sino que lanza una advertencia directa al Estado y a la sociedad: el reclutamiento forzado se ha convertido en una de las peores y más persistentes violencias contra la niñez en Colombia, y su continuidad durante los procesos de paz expone la fragilidad de los acuerdos y la impunidad que aún ampara a los grupos armados. Con departamentos como Cauca, Norte de Santander y Antioquia como epicentros del horror, el organismo insiste en que la respuesta no puede limitarse a las cifras, sino que debe traducirse en acciones concretas de prevención y protección para miles de niños y adolescentes que crecen bajo la sombra del conflicto y el reclutamiento forzado.
