El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, descartó de manera categórica que un decreto del Ejecutivo pueda eliminar la entidad y advirtió que más de 300.000 víctimas, entre individuales y colectivas, quedarían sin decisiones definitivas si se desmonta el tribunal de paz. En una entrevista concedida a El Tiempo, Ramelli respondió a las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha planteado la posibilidad de eliminar la JEP mediante decreto. El magistrado fue enfático: “Eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por decreto no puede desaparecer, no es posible”.
Ramelli explicó que la JEP fue creada mediante dos actos legislativos —el Acto Legislativo 01 de 2017 y otro— aprobados por el Congreso y revisados por la Corte Constitucional, por lo que su eliminación requeriría un nuevo proceso constitucional y no un simple decreto presidencial. “Los decretos son para otra cosa; la potestad reglamentaria del presidente de la República no tiene ese alcance en el derecho constitucional colombiano”, señaló. Además, advirtió que si se sustituyera una alta corte como la JEP, “se estarían sustituyendo pilares fundamentales de la Constitución de 1991”. El tribunal de paz tiene un mandato constitucional de 15 años: 10 destinados a investigación y 5 a juzgamiento, con posibilidad de prórroga por otros cinco años si el Congreso lo decide. Actualmente, la JEP ha cumplido un poco más de ocho años de ese periodo.
Consecuencias para las víctimas y los comparecientes
El presidente de la JEP alertó sobre el impacto humanitario y jurídico de un eventual desmonte anticipado. “En primer lugar, las más de 300.000 víctimas, entre individuales y colectivas, que participan ante la jurisdicción verían gravemente afectada su expectativa de obtener decisiones definitivas”, afirmó. También subrayó que los comparecientes —tanto integrantes de las extintas FARC como miembros de la Fuerza Pública— perderían la seguridad jurídica que les otorga el sistema de justicia transicional. Ramelli aclaró que las sanciones previstas en el Acuerdo de Paz, la Constitución y la ley son exactamente las mismas para ambos grupos: “No existe ninguna preferencia”. La JEP ya ha dictado sentencias, como la del 16 de septiembre de 2025 contra antiguos comandantes de las FARC por secuestros.
“Eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por decreto no puede desaparecer, no es posible”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
Ramelli recordó que la estabilidad del Acuerdo de Paz de 2016 está protegida constitucionalmente por tres periodos presidenciales, según el Acto Legislativo 01 de 2017, lo que blinda a la JEP frente a cambios impulsados por decretos. Insistió en que el debate no debe centrarse en aspectos burocráticos o presupuestales, sino en la estabilidad del acuerdo de paz y los compromisos internacionales del Estado colombiano. “Estamos dispuestos a dialogar con el equipo técnico que designe el presidente electo, no solamente sobre la estructura del Estado, sino sobre los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y los compromisos internacionales del Estado colombiano”, concluyó.
