El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, rechazó de manera tajante la propuesta del Instituto Nacional de Vías (Invías) de revertir la concesión de la Ruta al Mar al municipio de San Carlos, mientras el cobro de los peajes continúe en manos del Gobierno nacional. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario manifestó su oposición a lo que calificó como un intento de trasladar la responsabilidad vial a los cordobeses sin que los recursos generados por los peajes se queden en la región. “No voy a aceptar que en el proceso de reversión de la concesión Ruta al Mar, trasladen la responsabilidad de la vía al municipio de San Carlos, y ustedes sigan cobrando el peaje para llevarse la plata a Bogotá. ¿Ese es el regalo que nos quiere dejar el gobierno de Petro en Córdoba?”, expresó Zuleta, quien se encontraba de vacaciones al momento de publicar el mensaje.
El pronunciamiento del gobernador se da en medio de un complejo escenario jurídico y económico, pues el Centro Internacional de Resolución de Disputas (Ciadi) ordenó al Estado colombiano pagar 983 millones de dólares por incumplimientos en la concesión de la autopista que conecta Antioquia con Bolívar, conocida como Ruta al Mar. A esa cifra se suman 597.696 dólares adicionales, para un total que en moneda colombiana equivale a 3,58 billones de pesos. El laudo, resultado de un proceso arbitral iniciado en junio de 2023 por la reclamación de Construcciones El Cóndor —socio mayoritario de la concesión— contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), concluyó que la imposibilidad de terminar las obras dentro de los plazos no fue imputable al concesionario. La compañía celebró el fallo señalando que “constituye un hito relevante en la medida en que reconoce múltiples incumplimientos contractuales por parte de la ANI y declara la terminación anticipada del contrato de concesión”, y agregó que “el fallo también expone debilidades estructurales del contrato, producto de decisiones regulatorias que afectaron su equilibrio económico y de la ausencia de medidas oportunas para corregir esas desviaciones”.
La polémica por los peajes y el manejo de los recursos
El origen del conflicto se remonta a la falta de ajuste de las tarifas del peaje de Carimagua y a la fórmula de liquidación por terminación anticipada, elementos que el Ciadi consideró como incumplimientos del Estado. Tras el fin de las concesiones, los peajes de Mateo Gómez, Garzones y Carimagua —este último ubicado en la subregión del San Jorge— quedaron bajo la administración de Invías. Zuleta vinculó esta discusión con la promesa del gobierno de Gustavo Petro de desmontar los peajes y denunció que en Córdoba no se ha eliminado ninguno, al tiempo que los recursos recaudados nunca se invirtieron en las vías del departamento. “Ya la época de la colonia pasó”, sentenció el gobernador, dejando claro que no aceptará lo que considera una imposición centralista. “No lo vamos a aceptar”, reiteró en su cuenta de X.
Denuncias de Francisco Santos sobre supuestas anomalías en entidades
En paralelo, el exvicepresidente Francisco “Pacho” Santos también utilizó su cuenta en X para denunciar presuntas irregularidades en el Invías y el Ministerio de Cultura, justo antes de que se inicie el empalme entre el gobierno de Petro y el de Abelardo de la Espriella. Según Santos, en esas entidades “están cambiando cifras y borrando información”, por lo que pidió “empalme ya y auditorías urgentes. Se necesitan mucho más de los 400 auditores porque van a hacer de todo”. Las declaraciones del exvicepresidente añaden un nuevo elemento de controversia en un momento en que la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura están bajo escrutinio.
Mientras tanto, el gobernador Zuleta mantiene su postura firme y advierte que, si el Gobierno nacional insiste en la propuesta de reversión sin ceder el cobro de los peajes a la región, se generará un nuevo foco de tensión entre la administración departamental y el Ejecutivo central. El laudo del Ciadi, por su parte, deja en evidencia las falencias estructurales en la contratación de obras viales y la necesidad de corregir desequilibrios que afectan tanto a los concesionarios como a las comunidades locales, que ven cómo los peajes no se traducen en mejoras para sus vías. La situación en Córdoba se convierte así en un ejemplo de las contradicciones que persisten en la política de infraestructura del país.
