El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido el pasado 16 de junio en Estados Unidos por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el argumento de que su situación migratoria en ese país es irregular. La detención, que ya completa diez días, ha desatado una ola de indignación en Colombia luego de que el periodista Daniel Coronell, a través de su espacio Reporte Coronell, difundiera una fotografía en la que se ve a Coral esposado. La imagen, replicada masivamente en redes sociales, muestra al activista en condiciones que sus cercanos y diversas figuras políticas han calificado como degradantes y violatorias de derechos humanos.
De acuerdo con la información revelada por Coronell y confirmada por allegados al activista, Beto Coral ha sido trasladado en al menos cuatro ocasiones a distintos centros de detención, pasando por instalaciones en Arizona, Texas y Misisipi. Desde el centro de procesamiento Central Luisiana, el propio Coral denunció que durante su cautiverio han sido vulneradas todas sus garantías fundamentales. “Hasta hoy a mí me han violado todos, todos los derechos habidos y por haber”, declaró el activista, quien asegura haber solicitado asilo político en Estados Unidos desde 2016 y sostiene que su detención obedece a una persecución política en su contra derivada de su labor como activista en Colombia.
Reacciones en Colombia
La detención del activista generó un fuerte rechazo en el espectro político colombiano. Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue uno de los primeros en pronunciarse y vinculó el caso con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. En su cuenta de X, Carrillo señaló: “Beto Coral es un preso político, el presidente electo @ABDELAESPRIELLA debe asumir su responsabilidad política. Ya que ganó debería, al menos por decoro, renunciar a su ciudadanía gringa, bajezas como la detención de Beto dejan muy claro cuál es el talante de quién destripará a la oposición los próximos cuatro años con ayuda de su acudiente Marco Rubio”.
Por su parte, el activista David Rozo, conocido como Don Izquierdo, compartió la imagen de Coral esposado y escribió en redes sociales: “Así tienen a @Betocoralg, esposado, secuestrado y maltratado en una cárcel de EE.UU. Así se ve la libertad de expresión de Colombia en este momento. No paren de compartir. Es nuestra realidad”. En la misma línea se pronunció el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, quien afirmó: “Denunciar no puede convertirse en delito. Por Beto Coral, por la libertad de quienes se atreven a hablar, por la verdad que incomoda al poder. Somos resistencia”.
“Reiteramos en los términos más enfáticos que se permita al Sr. Coral permanecer en Estados Unidos con su familia para que se tramite su solicitud de asilo, y que se le brinden las protecciones de derechos humanos que hasta ahora se le han negado (…). El gobierno estadounidense nunca debería incurrir en las mismas conductas abusivas que criticamos en China, Nicaragua y Rusia (…). Estados Unidos debe ser un defensor de los derechos humanos, no un abusador”.
Nueve congresistas demócratas de EE.UU., en carta al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del DHS Markwayne Mullin
En el plano internacional, un grupo de nueve congresistas demócratas de Estados Unidos firmó una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, exigiendo la liberación inmediata de Beto Coral. En el documento, los legisladores reprochan que el gobierno estadounidense esté incurriendo en conductas abusivas que ellos mismos critican en regímenes autoritarios. La misiva subraya que la detención del activista colombiano, quien además tiene una solicitud de asilo en trámite desde 2016, representa una violación a los derechos humanos y un precedente peligroso para la libertad de expresión. Mientras tanto, el caso sigue generando presión sobre las autoridades de ambos países, y la comunidad de activistas en Colombia permanece en alerta ante lo que consideran un ataque directo contra quienes se atreven a denunciar al poder.
