La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el exrepresentante a la Cámara Henry Fernando Correal Herrera, del Partido Liberal por Vaupés, por su presunta participación en un entramado de corrupción que involucra cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal de campañas. El caso, que estalló a partir de interceptaciones telefónicas, revela un esquema de sobornos para gestionar recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) destinados a un polideportivo en el municipio de Galeras, Sucre.
De acuerdo con la investigación, entre junio y julio de 2019, Correal habría gestionado una adición presupuestal de 1.500 millones de pesos para culminar la obra LP-005 de 2017, un polideportivo financiado mediante un convenio entre el DPS y la Alcaldía de Galeras desde 2016. La obra quedó paralizada el 20 de diciembre de 2018 por falta de recursos, luego de que una primera solicitud de adición por 600 millones de pesos no prosperara. Un informe de supervisión del 16 de junio de 2023 confirmó la paralización. La gestión del exrepresentante estaría condicionada al pago de una coima de 150 millones de pesos, de la cual se habría entregado un primer pago de 30 millones que terminó desviado a la campaña política de Josías Fiesco Agudelo, candidato al Concejo de Bogotá.
Las interceptaciones que revelan el esquema
Las llamadas interceptadas por la Corte Suprema recogen un lenguaje críptico que, según los investigadores, evidencia el intercambio de dinero. El 7 de junio de 2019, Correal le dijo al lobista Salomón Mena Moya: “Traiga plata, que estamos pelados”. Días después, el 19 de junio, en dos conversaciones distintas, el entonces congresista fue más explícito: “Oiga, eso se da, pero si no hay cariñito antes, no hay nada” y “Que hasta que no haya el cariñito, no hay la primer foto”. En otra interceptación, Correal menciona “seis manos” para referirse a la cantidad de dinero a entregar: “Mejor dicho, yo quedé que llevaba por ahí seis manos pa’ que esta semana ya me muestren la foto que usted dice, pa’ que entregue, y llevamos el resto y sale”.
El lobista Salomón Mena Moya, quien se desempeñaba como economista, contactó a Simón Mejía, trabajador de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Correal, para conectar al alcalde de Galeras, Remberto Javier Amell Hernández, con el congresista. La primera reunión entre Correal, Mena y Amell ocurrió en un café en la esquina del Palacio de Justicia, en Bogotá. El 11 de junio de 2019, Mena habló con Amell sobre una reunión con “la señora” y “los 1.500”. Ese mismo día, el alcalde solicitó formalmente la adición presupuestal al DPS.
La ruta del dinero y el desvío a campaña
Según la Corte, el contratista Álvaro Escobar Thomas —también identificado como Thorrens— acordó un anticipo de 50 millones de pesos, distribuidos en 30 millones iniciales y 20 millones posteriores. Los 30 millones iniciales salieron de cuentas de Escobar mediante dos cheques: uno de 10 millones del Banco de Bogotá y otro de 20 millones del BBVA, ambos a nombre de Enrique Carlos López, hombre de confianza del alcalde Amell. López consignó el dinero en Villavicencio a la cuenta de Salomón Mena Acosta, hijo del lobista. Mena Acosta, a su vez, transfirió 29.874.000 pesos a la cuenta de Iván Alfonso López Serpa, gerente de la campaña de Josías Fiesco. López Serpa retiró 29.750.000 pesos, tras descuentos del 4×1.000 y comisiones bancarias.
López Serpa, en su declaración ante la Corte, admitió que hubo una irregularidad: “Hubo dos vallas: una fue una plata que, o sea, el pago como casi que directamente o le pagaron directamente y que fue algo que quedó por fuera de las cuentas…”. La Corte también tiene registros de que Fiesco ingresó al Congreso autorizado por Correal los días 3, 10, 16 y 22 de julio de 2019, lo que refuerza la hipótesis de una relación estrecha entre ambos. Durante el periodo investigado, se registraron 133 llamadas entre Correal y Fiesco.
“Oiga, eso se da, pero si no hay cariñito antes, no hay nada”
Henry Correal, exrepresentante a la Cámara, en interceptación del 19 de junio de 2019
Mena Moya declaró que el acuerdo pasaba por que el representante ayudara al municipio con proyectos en el DPS y que “llegaron a un arreglo económico”. El 16 de julio de 2019, Correal le dijo a Mena “Lista la vuelta” y ese mismo día Mena ingresó al Congreso autorizado por el congresista. La adición presupuestal de 1.500 millones nunca se aprobó, y el contratista Escobar pidió la devolución del dinero. Correal terminó devolviéndolo. Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema considera que la falta de aprobación no elimina el posible delito, ya que existió una promesa de pago y gestiones concretas ante el DPS.
Ahora, la investigación formal contra Correal avanza junto a la de otros implicados: el lobista Salomón Mena Moya, el alcalde Remberto Javier Amell Hernández, el contratista Álvaro Escobar, el candidato Josías Fiesco Agudelo, el trabajador de la UTL Simón Mejía, los intermediarios financieros Enrique Carlos López y Salomón Mena Acosta, y el gerente de campaña Iván Alfonso López Serpa. La Corte deberá determinar si los sobornos y el desvío de dinero configuran los delitos de cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal de campañas, en un caso que evidencia las complejas redes de corrupción que rodean la gestión de recursos públicos.
