Grupos armados han puesto en la mira a los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria en al menos cuatro regiones del país, en hechos que han sido rechazados de manera contundente por la senadora Aida Quilcué y por el Gobierno nacional. Las amenazas, agresiones físicas y sabotajes se han registrado en Puerto López (Meta), Campamento (Antioquia), la hacienda La Palmira (Córdoba) y el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), donde hombres armados irrumpieron en viviendas, agredieron a los ocupantes, quemaron pertenencias y destruyeron medios de subsistencia, ejerciendo además presión con amenazas de muerte para forzar el desalojo de las tierras entregadas.
De acuerdo con la información revelada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura, estos hechos se produjeron tras las elecciones presidenciales del 21 de junio y formarían parte de una oposición violenta de particulares que buscan mantener el control ilegal de predios del Estado. La senadora Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial, denunció públicamente lo que calificó como una “estrategia sistemática” que se ha intensificado desde esa fecha, mientras que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, se sumaron al llamado de protección urgente para las comunidades rurales.
Declaraciones de rechazo y llamado a la acción
En un comunicado oficial, la Agencia Nacional de Tierras señaló directamente a los responsables: “Hay una oposición violenta de particulares que pretenden mantener el control ilegal en predios del Estado”. La senadora Quilcué, por su parte, utilizó su cuenta en la red social X para exigir medidas inmediatas: “Hago un llamado a todas las entidades competentes a realizar acciones inmediatas y efectivas para la protección de la vida de las comunidades rurales que han recibido tierras a través de los programas de este gobierno. El miedo y el despojo no pueden regresar a los campos de Colombia”.
“Con el miedo intentaron desocupar el campo colombiano (…). El acto más importante de protección es la concurrencia de todos los beneficiarios del movimiento agrario a proteger a quienes están siendo objeto de estos actos violentos. No puede ser la voz del miedo ni de la ilegalidad ni de quienes se ocultan detrás de los procesos violentos, que no ampara el régimen jurídico, quienes terminen ganando.”
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura
La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, también se pronunció con firmeza: “No podemos permitir que la violencia y el desplazamiento vuelvan a instalarse en los campos colombianos. La Reforma Agraria representa el compromiso del Estado con la justicia social y con la recuperación de tierras para quienes históricamente fueron excluidos. Atacar a las familias campesinas es atacar ese propósito y desconocer el derecho de las comunidades a vivir y producir en paz”.
Víctimas y actores armados señalados
Entre las víctimas se cuentan familias campesinas beneficiarias de la Reforma Agraria, el consejo comunitario Zabaletas, ubicado en Tuluá, y un contratista de la Agencia Nacional de Tierras. Los actores armados señalados por las autoridades son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo que, según la SAE, habría tenido control ilegal de algunos de los predios ahora entregados a los campesinos como parte de proyectos productivos. El Ministerio de Agricultura, por su parte, aseguró que todos los actos administrativos de entrega de tierras están “jurídicamente blindados” y no pueden ser revertidos por la vía de hecho.
Medidas del Gobierno y llamado a la comunidad internacional
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno nacional ha anunciado la convocatoria de Consejos de Seguridad en las zonas afectadas y el reforzamiento del acompañamiento de las autoridades. La ministra Carvajalino solicitó a las autoridades judiciales, administrativas y al Ministerio Público tomar medidas de seguridad inmediatas, y pidió además el acompañamiento de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional y la Misión de Verificación de la ONU. La senadora Quilcué insistió en que el temor y el despojo no pueden volver a apoderarse de los campos colombianos, en un contexto donde la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro busca entregar tierras a campesinos históricamente excluidos.
