El exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó una contundente solicitud al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente José Manuel Restrepo: que suspendan de inmediato, una vez asuman el poder el próximo 7 de agosto, los pagos y contratos destinados a la defensa legal del presidente saliente Gustavo Petro en Estados Unidos. La petición se produjo a través de una publicación en la red social X, en la que Barbosa argumentó que no deben utilizarse recursos públicos para solventar los problemas judiciales que enfrenta Petro en territorio estadounidense.
Barbosa fue tajante al afirmar que “es urgente que el presidente @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp suspendan una vez lleguen al gobierno, los pagos y los contratos de la defensa legal de @petrogustavo por sus problemas judiciales en los Estados Unidos”. En otro apartado de su mensaje, el exfiscal sostuvo que “su defensa por la inclusión en la lista Clinton y su posible judicialización no puede ser pagada por recursos públicos”. La advertencia se da en medio de un complejo escenario judicial para el mandatario colombiano, quien desde octubre de 2025 fue incluido en la Lista Clinton (Lista de Nacionales Especialmente Designados – SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas.
Investigación en EE.UU. y defensa de Petro
En marzo de 2026, el diario The New York Times reveló que fiscales estadounidenses investigan presuntos nexos de Petro con el narcotráfico y el financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2022. Ante este panorama, el presidente colombiano designó como su abogado en Estados Unidos a Daniel Kovalik, quien ha salido en defensa de su cliente afirmando que “no existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”. Kovalik aclaró que Petro no es objeto de una indagación directa, sino que solo fue mencionado en dos procesos legales.
El propio Gustavo Petro se pronunció sobre su inclusión en la lista de la Ofac mediante un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que “efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.
Relación con Estados Unidos y postura de congresistas
La relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos se deterioró considerablemente tras la inclusión de Petro en la lista de sancionados, pero experimentó una mejoría en enero de 2026 luego de una conversación telefónica y una posterior reunión presencial entre el presidente colombiano y el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington D.C. Sin embargo, a pesar de ese acercamiento, la congresista republicana María Elvira Salazar fue clara al afirmar que “el presidente (Trump) es muy simpático y a veces utiliza palabras que se pueden interpretar de una manera u otra. Usted me acaba de decir que (Petro) está en la lista de la Ofac y a la misma vez lo recibieron en la Casa Blanca. Pero está en la lista de la Ofac y no lo van a quitar”.
El llamado de Francisco Barbosa se produce justo en la transición de gobierno, cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo están próximos a asumir el poder. La decisión que tomen sobre el uso de recursos públicos para la defensa de Petro en Estados Unidos marcará un precedente en el manejo de los fondos del Estado y podría tener implicaciones en la relación bilateral con Washington. Mientras tanto, el presidente saliente enfrenta un complejo proceso judicial en el exterior, mientras su defensa insiste en su inocencia y el nuevo gobierno evalúa si continuará o no con los pagos de los abogados que lo representan.
