Seis integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su cabecera alias Chibolo, fueron capturados en la vereda El Sinaí, municipio de Pueblorrico, Antioquia, durante un operativo militar conjunto desarrollado el 28 de junio de 2026. La acción, denominada Operación Jeremías, fue ejecutada en el marco de la Operación Themis MDN por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Bamma7, la Dijín y la Dioee. Edwin Román Velásquez Valle, conocido como alias Chibolo, fungía como cabecilla de la subestructura del suroeste antioqueño de este grupo armado organizado. Durante el operativo se incautó material de guerra, elementos de intendencia y estupefacientes, aunque las cantidades no fueron detalladas por las autoridades.
La captura se produjo días después de que un panfleto atribuido al mismo Clan del Golfo señalara y amenazara al periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín. El documento, que circuló en la región, contenía advertencias contra el comunicador por sus publicaciones sobre el denominado Ejército Gaitanista —otra forma con la que se conoce a esta organización criminal— y generó un amplio rechazo de organizaciones de prensa como Asomedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), así como de la Defensoría del Pueblo, que pidió medidas urgentes de protección para el periodista.
Panfleto intimidatorio y reacción de las autoridades
En el panfleto se leía: “El periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”. Aunque el texto afirmaba respetar la libertad de prensa, la Defensoría del Pueblo advirtió que “el contenido tiene efectos intimidatorios”. Por su parte, la Flip señaló que “este tipo de comunicados, aun cuando incluyan aclaraciones posteriores, pueden representar un riesgo para quienes ejercen el periodismo en zonas de conflicto”. Frente a este contexto, fuentes militares declararon: “Seguimos adelantando operaciones militares para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”.
En paralelo, el presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó remitir a Estados Unidos toda la información relacionada con presuntas negociaciones entre el gobierno saliente y el Clan del Golfo, así como evaluar denuncias contra el ex alto comisionado para la Paz Danilo Rueda. En sus declaraciones, De la Espriella afirmó: “Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa”. Asimismo, añadió: “El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta”. El mandatario electo pidió a su vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del Comité de Empalme Anticorrupción, promover acciones jurídicas e institucionales y, si es necesario, informar a organismos internacionales.
“Seguimos adelantando operaciones militares para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”
Fuentes militares, Ejército Nacional
La operación se enmarca en una estrategia para debilitar las estructuras delictivas que operan en municipios como Tarso, Pueblorrico y Jericó, donde el Clan del Golfo ha mantenido presencia. Organismos de derechos humanos y de libertad de prensa insistieron en que las amenazas contra Norbey Valle David no pueden ser subestimadas, y reiteraron la necesidad de garantizar la protección de los periodistas en zonas de conflicto. La captura de alias Chibolo y sus cinco acompañantes representa un golpe significativo contra esta subestructura, aunque persiste la preocupación por la seguridad del comunicador y por las posibles implicaciones políticas de los presuntos vínculos entre el Estado y el grupo ilegal.
