Un fuerte debate público estalló en la red social X entre la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño y la actual titular de esa cartera, Martha Carvajalino, luego de que la primera pusiera en duda las cifras oficiales sobre la entrega de tierras por parte del Gobierno de Gustavo Petro. El cruce de mensajes, ocurrido el domingo 28 de junio de 2026, giró en torno a la validez de los balances gubernamentales y la seguridad jurídica de los campesinos beneficiarios, desatando una discusión que expone las tensiones internas en torno a la reforma agraria.
La ministra Carvajalino defendió la gestión de su cartera y arremetió contra López Montaño al asegurar que los datos del Gobierno están debidamente soportados. Según la funcionaria, se han entregado de forma definitiva 142.589 hectáreas, mientras que otras 196.189 hectáreas han sido entregadas de manera provisional. En su respuesta, Carvajalino afirmó: “Antes registrabas. Títulos de adjudicación de 1982 y los contaban como entrega de tierras. Por eso hoy diferenciamos todas nuestras actuaciones! Fue este gobierno el que desenterró los bienes del fondo que en el Incoder, la UNAT y la ANT, los bienes que jurídicamente eran de la autoridad agraria pero cuyo aprovechamiento estaba en manos indebidas. Fue este gobierno el que recuperó baldíos indebidamente ocupados”.
Los números en disputa
López Montaño, quien lideró el Ministerio de Agricultura en gobiernos anteriores, respondió con dureza al cuestionar que las cifras oficiales estarían “infladas”. La exministra aseguró que apenas 87.000 hectáreas cuentan con registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), lo que, según ella, deja en evidencia que la mayoría de los predios entregados carecen de la seguridad jurídica necesaria. “Me perdonan, pero aquí están las consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras. Solo 87.000 hectáreas se entregaron con registro en las Orip; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos”, sostuvo López.
La exministra también citó datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que reporta 191.539 hectáreas materializadas con corte al 31 de diciembre de 2025, y recordó que existen cerca de 400.000 hectáreas restituidas por orden judicial. En uno de sus mensajes, López fue contundente: “Jamás fueron ni 300.000 ni 700.000. Gestionar no es entregar”.
“Su decidida intención de deslegitimar lo que hemos hecho quienes sucedimos su tiempo en el gobierno se hace desde el desconocimiento del régimen agrario (…) Nuestros datos están soportados y discriminados para que puedan ser consultados, analizados y auditados”
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura
La respuesta de Carvajalino no se hizo esperar, acusando a López de desconocer el régimen agrario y de tener una “decidida intención de deslegitimar” el trabajo del actual gobierno. Incluso, la ministra vinculó las críticas de la exfuncionaria a un supuesto “proyecto paramilitar” y a una “contrarreforma” del Acuerdo de Paz de 2016, lo que generó una réplica airada de López Montaño.
Aumenta la tensión entre las dos exministras
“¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables”, respondió López, quien además insistió en que la entrega de tierras sin el correspondiente registro en las ORIP deja a los campesinos “en absoluta vulnerabilidad frente a terceros”. La exministra también expresó dudas sobre predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que habrían sido entregados sin haber sido traspasados previamente al Fondo de Tierras a nombre de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
López Montaño diferenció con claridad los conceptos de restitución, entrega y formalización de tierras, y señaló que parte de la información sobre los predios registrados requiere confirmación oficial. El debate, que ha trascendido el ámbito de la red social, expone las profundas diferencias sobre el rumbo de la reforma agraria en Colombia y pone en el centro la pregunta sobre cuántas de las hectáreas anunciadas por el Gobierno tienen realmente un respaldo jurídico que garantice la propiedad a los campesinos beneficiarios.
“Usted misma reconoce que no han entregado 700 mil hectáreas y solo 87 mil tienen registro ORIP. La gente no es boba y es clarísimo que tierra entregada por el gobierno sin escritura registrada en las ORIP deja a sus ocupantes en absoluta vulnerabilidad frente a terceros”
Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura
Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura insisten en que los datos están discriminados y disponibles para consulta y auditoría, y que la diferencia entre lo entregado de forma definitiva y provisional obedece a la complejidad del régimen agrario colombiano. La polémica, lejos de cerrarse, ha reavivado el debate sobre la eficacia y transparencia de la política de tierras del actual Gobierno, en medio de un proceso que sigue siendo uno de los pilares del programa de Gustavo Petro.
