En un llamado que busca redefinir las prioridades del próximo gobierno, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) solicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella que el fortalecimiento de las mipymes se convierta en una política de Estado. Con una advertencia que enciende las alarmas sobre la fragilidad del tejido empresarial colombiano, la agremiación reveló que apenas el 32% de las microempresas logra sobrevivir después de cinco años de operación, una cifra que evidencia la urgencia de un cambio de enfoque en las estrategias de desarrollo productivo.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi, lideró el planteamiento durante el primer semestre de 2026, en el marco de la transición presidencial hacia el gobierno de de la Espriella. La solicitud, más que una petición puntual, representa una hoja de ruta que la entidad ha denominado «nueva agenda», la cual gira en torno a cinco ejes fundamentales: innovación, mejora de la productividad, acceso a financiamiento, simplificación tributaria y formalización. Este decálogo, según la junta directiva nacional de Acopi, busca atacar las barreras que históricamente han frenado la competitividad de las pequeñas y medianas unidades productivas.
Una radiografía que preocupa
Los números que sustentan esta solicitud pintan un panorama contradictorio. Colombia cuenta actualmente con 1.17 millones de empresas activas formales, de las cuales el 94,3% son microempresas, lo que significa que el 99,5% del tejido empresarial colombiano está compuesto por mipymes, un sector que genera entre el 78% y el 80% del empleo nacional. Sin embargo, la dinámica de creación de empresas no se traduce en permanencia. Si bien en el primer trimestre de 2026 la creación de empresas creció un 7,2%, y en 2024 se registraron 297.500 nuevas empresas y en el primer semestre de 2025 se crearon 173.907, la tasa de mortalidad sigue siendo alarmantemente alta. «Hoy el país necesita dejar de medir el éxito por el número de empresas que nacen y empezar a medirlo por las empresas que permanecen, generan empleo, innovan y crecen», afirmó la Junta Directiva Nacional de Acopi en un comunicado.
Antioquia, como motor productivo del país, concentra el 12,1% de los micronegocios, con un PIB superior a los 253 billones de pesos y la creación de 30.674 empresas durante 2025. Sin embargo, el dinamismo productivo no llega con la misma fuerza a los municipios intermedios y las zonas rurales, donde persisten la informalidad y un menor acceso a servicios empresariales. La liquidez se ha convertido en el talón de Aquiles de estas unidades productivas, especialmente en junio, un mes de alta presión financiera por el pago de la prima de servicios, nóminas, proveedores e impuestos. René Saul, director ejecutivo de Kapital Colombia, explicó esta realidad: «Las buenas ventas no siempre se traducen en liquidez. Muchas empresas operan de forma saludable, pero enfrentan presiones de caja para cumplir compromisos inmediatos. La prima de mitad de año suele poner esta realidad en evidencia».
La preocupación por la supervivencia empresarial no es solo un tema de cifras. Para Acopi, «cada mipyme que cierra representa oportunidades perdidas para Colombia. Fortalecerlas debe convertirse en una prioridad nacional y territorial». En ese sentido, la discusión se ha enfocado en pasar de atender urgencias puntuales a una gestión financiera con visión de mediano plazo. Las soluciones que ganan terreno, según Saul, son aquellas que permiten a las pymes convertir activos en capital de trabajo para fortalecer su operación, un cambio de mentalidad que él mismo resume: «Las pymes entienden cada vez más que crecer no depende solo de vender más, sino de administrar adecuadamente su liquidez».
«Cada mipyme que cierra representa oportunidades perdidas para Colombia. Fortalecerlas debe convertirse en una prioridad nacional y territorial»
Junta Directiva Nacional de Acopi
El llamado de Acopi al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se produce en un contexto donde la innovación limitada, la baja productividad, el acceso restringido a financiamiento, la carga tributaria y la persistente informalidad siguen siendo barreras que frenan la competitividad. Con el 32% de supervivencia como bandera, la asociación espera que el nuevo mandatario asuma el reto de fortalecer a las mipymes no solo como un motor económico, sino como una política de Estado que garantice que el éxito se mida por las empresas que logran crecer y perdurar en el tiempo.
