La Superintendencia Nacional de Salud presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República contra los directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por la presunta obstrucción a una auditoría oficial realizada el pasado 26 de junio de 2026. El superintendente Daniel Quintero informó que durante la visita a las instalaciones de la FLA ocurrió un hecho sin precedentes, pues las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información solicitada por los auditores, un procedimiento que forma parte de las funciones legales de la Superintendencia. La denuncia, confirmada el martes 30 de junio, invoca el artículo 429 del Código Penal, que establece penas de 36 a 60 meses de prisión por obstrucción a la función pública.
La respuesta de la Fábrica de Licores de Antioquia no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales la mañana del mismo martes, la entidad rechazó categóricamente los señalamientos y defendió su actuación como legítima. La empresa afirmó que ha atendido de manera diligente y respetuosa la auditoría, suministrando los datos requeridos y manteniendo una actitud de total colaboración con los organismos de control, asegurando que en ningún momento se ha negado la entrega de información. La FLA explicó que la recusación presentada contra el proceso de auditoría constituye un mecanismo legítimo previsto en la ley para garantizar la imparcialidad, transparencia, neutralidad y el debido proceso en las actuaciones administrativas.
Los argumentos del conflicto
El centro de la controversia radica en el alcance de los requerimientos de la Superintendencia. La FLA argumenta que los auditores solicitaron información que excede el ámbito de vigilancia en salud, involucrando aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo de la organización, como el registro de litigios, certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas, procesos judiciales y conciliaciones. Por su parte, la Superintendencia considera que la negativa a entregar esta información constituye una violación de la Constitución y la ley.
«dichas afirmaciones desconocen la realidad del proceso»
Comunicado oficial de la FLA, 30 de junio de 2026
El conflicto se enmarca en la creciente tensión entre el gobierno nacional y el departamento de Antioquia, gobernado por Andrés Julián Rendón. El 22 de junio, días antes de la visita de auditoría, el gobernador ya había cuestionado la diligencia de la Superintendencia, sugiriendo que podría tratarse de un «látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia». La Superintendencia defendió en ese entonces la inspección como una actividad institucional rutinaria, y el superintendente Quintero hizo un llamado a todos los vigilados del país a cumplir con la Constitución y la ley, y a no obstaculizar las acciones de inspección y vigilancia.
