En un movimiento que busca garantizar la transparencia y la continuidad del servicio público durante el cambio de gobierno, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emitieron la Directiva Conjunta No. 001 de 2026. A través de este documento, ambos entes de control exhortan al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, a presentar un informe de gestión detallado que cubra la totalidad de los asuntos, recursos públicos ejecutados y procesos pendientes al final del periodo constitucional. La medida se fundamenta en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 951 de 2005, que regulan el empalme administrativo.
La directiva, que aplica a toda la Rama Ejecutiva del orden nacional, establece que el informe debe incluir información sobre contratos suscritos, ejecutados, liquidados y en curso, los cuales deben estar debidamente publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Además, se exige detallar el estado de los contratos próximos a vencer, aquellos con dificultades de ejecución, incumplimientos, controversias o procedimientos sancionatorios. El objetivo es evitar la posible configuración de responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza.
Un deber que no admite excepciones
En un comunicado conjunto, los organismos de control fueron enfáticos al señalar que la entrega de este informe es una obligación legal ineludible. “Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, advirtieron la Procuraduría y la Contraloría en la Directiva Conjunta. Esto implica que, de no presentarse el informe, los servidores públicos salientes podrían ser requeridos por el control interno y, en caso de persistir la omisión, enfrentar sanciones disciplinarias conforme a la ley.
El documento también precisa que la información debe incluir la identificación de competencias concurrentes entre entidades y el registro de funciones asumidas por otras administraciones bajo el principio de subsidiariedad. Este nivel de detalle busca que la nueva administración tenga un panorama claro de la gestión realizada, facilitando una transición ordenada y la continuidad de los servicios públicos. Los informes, junto con sus documentos de soporte, deberán permanecer disponibles para consulta pública en los canales institucionales.
Contexto de una transición vigilada
La emisión de esta directiva conjunta se da en el marco del proceso de empalme del actual Gobierno con la administración entrante, un mecanismo establecido por la Ley 951 de 2005. Aunque no se reportan cifras concretas sobre montos presupuestales o número de contratos, la medida abarca todos los “recursos financieros, humanos y administrativos” gestionados durante el cuatrienio. La advertencia de los entes de control subraya la importancia de la transparencia en la gestión pública, especialmente en un contexto donde la rendición de cuentas se convierte en un pilar para evitar desórdenes administrativos y posibles actos de corrupción.
“Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”
Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República (Directiva Conjunta No. 001 de 2026)
