El brigadier general retirado del Ejército, Adolfo León Hernández Martínez, se convirtió en el octavo general de la institución en reconocer su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la Costa Caribe. Durante la audiencia pública realizada en Barranquilla, el oficial en retiro, quien comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009, pidió perdón a las víctimas y anunció la devolución de las medallas que recibió por esos resultados operacionales, en un gesto simbólico de reparación dentro de la fase de verdad que adelanta el tribunal de paz.
Con una voz entrecortada por la vergüenza y el dolor, Hernández Martínez manifestó: “Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad”. El magistrado relator del Subcaso Costa Caribe, Óscar Parra Vera, recordó que este reconocimiento fue anunciado primero por escrito y luego ratificado de manera pública. El general retirado aceptó su condición de coautor mediato en el patrón criminal sistemático que, entre 2002 y 2008, costó la vida a 604 personas en siete departamentos de la región Caribe, cuyos cuerpos fueron presentados ilegítimamente como guerrilleros dados de baja en combate.
Un patrón de 604 víctimas y 24 asesinatos bajo su mando
Durante el período en que Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón La Popa, la unidad reportó 37 bajas en combate. De ellas, la JEP logró documentar que al menos 24, es decir el 65 por ciento de esos reportes, corresponden a homicidios y desapariciones forzadas montados como operaciones militares legítimas. La estructura criminal, impulsada por presiones institucionales e incentivos perversos, contó con un sistema de encubrimiento que el entonces comandante conoció a través de denuncias previas y que, lejos de detener, contribuyó a perpetuar, permitiendo la continuidad de los crímenes en su jurisdicción.
“Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad”
Adolfo León Hernández Martínez, brigadier general retirado del Ejército Nacional
El magistrado Parra Vera señaló que, de los 25 militares que comparecen en este subcaso, apenas siete contaban con una condena previa en la justicia ordinaria. Hernández Martínez, por ejemplo, no había sido investigado ni tenía decisiones en su contra en la justicia ordinaria por estos hechos. En abril de 2008, en pleno auge de la política de seguridad democrática, la Primera División del Ejército lo distinguió como “figura del trimestre” precisamente por esos resultados operacionales que hoy son objeto de verdad y justicia transicional.
El universo de víctimas en la Costa Caribe asciende aproximadamente a 750 personas. Entre las identificadas por la JEP hay 26 niños y niñas, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, así como 14 mujeres. Las audiencias continúan en Valledupar los días 28, 29 y 30 de julio, donde se espera que otros comparecientes ratifiquen sus responsabilidades en medio de espacios de escucha y diálogo con las familias de las víctimas, como lo ha impulsado la magistratura para garantizar los derechos de verdad y reparación integral.
