La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) desató una fuerte controversia en Antioquia al realizar auditorías simultáneas al sistema de salud de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, acciones que fueron rechazadas de inmediato por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón. Los funcionarios del organismo de control llegaron el 30 de junio de 2025, aproximadamente a las 9:30 a.m., a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, mientras que la auditoría departamental se extendió desde esa misma fecha hasta el 3 de julio, con un equipo de 11 personas asignadas para la tarea. En ambos casos, las autoridades locales cuestionaron la imparcialidad de la visita, liderada por el superintendente Daniel Quintero, y exigieron garantías ante lo que consideran una intervención no ordinaria.
El alcalde Gutiérrez no dudó en confrontar el proceso al recordar los antecedentes de la Unidad de Salud de Medellín, que ha dado como resultado 650 hallazgos, 55 imputados, dos personas en la cárcel y cuatro principios de oportunidad. Con esas cifras en la mano, el mandatario señaló directamente a la Supersalud, afirmando que “el jefe de la banda, hoy imputado por corrupción, junto con sus aliados, incluyendo al que se robó la caja menor, ahora pretende venir a ‘vigilar’ los recursos de la salud de nuestra ciudad”. La declaración, cargada de dureza, refleja la tensión que envuelve a ambas administraciones desde que la Supersalud visitó la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), hecho que provocó una recusación de esa empresa y denuncias del organismo por presuntos obstáculos a sus funciones.
“No tiene la idoneidad ni las garantías de imparcialidad que la ciudad merece”
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
En paralelo, la Alcaldía de Medellín ya presentó una recusación formal contra la actuación de la Supersalud, la cual está a la espera de respuesta del Ministerio de Salud. El gobernador Rendón, por su parte, había anticipado su malestar tras la visita a la FLA, calificándola como un intento de “meterse y fastidiar”. La disputa institucional escala mientras la Supersalud avanza en sus funciones de inspección, vigilancia y control, pese al rechazo político y administrativo de las autoridades antioqueñas, que exigen imparcialidad en un proceso que consideran clave para la transparencia del sistema de salud regional.
