El anuncio del excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de promover la desobediencia civil contra el presidente electo Abelardo de la Espriella antes de su posesión, ha sido calificado por analistas políticos como una medida inconveniente y jurídicamente cuestionable. Cepeda condicionó el reconocimiento de la autoridad del futuro mandatario al cumplimiento de varias exigencias, entre ellas la renuncia de De la Espriella a su ciudadanía estadounidense, la aclaración de presuntos vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos y que descarte la extradición del presidente saliente Gustavo Petro. De no cumplirse estas condiciones, el excandidato amenazó con convocar a sus votantes a desconocer la legitimidad del gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto.
Los expertos consultados por Infobae Colombia coinciden en que el llamado de Cepeda, más que un mecanismo de protesta legítima, representa una escalada en la polarización política que traslada la tensión del terreno jurídico al impacto social. Gabriel Cifuentes, analista político, señaló que la figura de la desobediencia civil, aunque tiene anclaje constitucional, resulta inapropiada en este contexto: «Creo que es inconveniente bajo todo punto de vista. No solo porque es cuestionable bajo un punto de vista jurídico, dado que es una figura con anclaje constitucional, sino que marca de forma anticipada cuál será la temperatura del debate público». Para Cifuentes, el anuncio constituye «un llamado a calentar prematuramente las calles, a desconocer los resultados o a condicionarlos, a deslegitimar al gobierno incluso antes de que se posesione».
Los alcances jurídicos de la desobediencia civil
Luis Felipe Suárez, también analista político, explicó que la desobediencia civil ha sido entendida tanto en la teoría política como en la práctica democrática como una forma legítima de protesta pacífica mediante la cual un grupo de ciudadanos decide incumplir una norma que considera injusta para promover un cambio institucional. Sin embargo, advirtió que el llamado de Cepeda se produce «frente a un presidente electo que aún no ha tomado posesión del cargo», lo que contradice la esencia de esta figura. Además, recordó que «la doble nacionalidad no constituye, por sí misma, un impedimento constitucional para ejercer la Presidencia de la República», lo que debilita la justificación del excandidato. Suárez expresó su preocupación por la deriva del discurso: «Parece avanzar en la dirección opuesta, al incentivar un clima de confrontación en lugar de contribuir a su desescalamiento».
«De persistir ese discurso, existe el riesgo de que una parte de sus seguidores interprete el llamado como una invitación a desconocer la legitimidad del gobierno elegido democráticamente. Ello podría traducirse en movilizaciones de alta tensión, episodios de violencia o estrategias de obstrucción política y social que afecten el normal desarrollo de la vida institucional y económica del país.»
Luis Felipe Suárez, analista político
Por su parte, la analista política internacional María Alejandra Jaraba enfatizó que la doble nacionalidad de De la Espriella no justifica jurídicamente un llamado a la desobediencia civil. «Que Abelardo de la Espriella tenga nacionalidad estadounidense, por sí solo ese hecho no constituye una justificación jurídica para la desobediencia civil», afirmó. Jaraba recordó que la Corte Constitucional colombiana, en las sentencias T-571 de 2008 y T-603 de 2012, ha señalado que la desobediencia civil es pacífica, pública y respeta el sistema democrático, y solo se justifica cuando busca defender valores superiores como los derechos humanos o la Constitución. A su juicio, lo que busca Cepeda «es incentivar marchas, plantones, campañas de resistencia», y lo preocupante es que «esto es más un mecanismo de presión que negociación, lo que genera mayor polarización». La analista agregó que una eventual solicitud de extradición de Gustavo Petro corresponde al ámbito judicial, no al ejecutivo, por lo que la exigencia de Cepeda carece de sustento.
Un escenario de alta tensión política
El anuncio de Cepeda se da en un contexto de enfrentamientos reportados durante la campaña electoral entre simpatizantes de ambos sectores, incluida una agresión con arma blanca de un seguidor del excandidato contra un simpatizante de De la Espriella. El presidente electo, en su discurso de victoria, afirmó que gobernaría para todos los colombianos, pero el llamado del Pacto Histórico apunta en dirección contraria. Las exigencias de Cepeda incluyen también el cese de supuestas persecuciones contra Petro y sectores opositores, así como el compromiso de no impulsar la judicialización desde el Departamento de Justicia estadounidense. Los analistas consultados coinciden en que esta estrategia refleja una decisión de llevar la confrontación al plano de la movilización social, incluso antes de que el nuevo gobierno inicie su mandato, lo que anticipa un clima de alta conflictividad para los próximos meses.
