Desde el 1 de julio de 2026, los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado en Colombia, incluidos los gestores comunitarios, deben aplicar el nuevo marco tarifario establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026. Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata de la norma, al considerar que, lejos de bajar las tarifas como prometió el gobierno, generará un incremento significativo para millones de usuarios en zonas urbanas y rurales del país.
La resolución, expedida a finales de marzo de 2026, actualiza la metodología tarifaria que hasta ahora se basaba en costos de referencia de 2014, llevándolos a precios de 2024 y 2025, e incorpora nuevas obligaciones técnicas y administrativas. Aplica a prestadores con hasta 5.000 suscriptores en áreas urbanas, a todos los de zonas rurales sin límite de usuarios y a gestores comunitarios sin importar el tamaño del sistema. Según Andesco, esto afecta directamente a 188 prestadores, 11 millones de usuarios directos y, de manera indirecta, a 34 millones de personas que habitan cascos urbanos y zonas dependientes de estos servicios.
Plazos insuficientes y cambios no discutidos
El principal reclamo del gremio empresarial es el tiempo otorgado para implementar el nuevo marco. Mientras que en regulaciones anteriores se concedieron entre 9 y 12 meses de transición, la CRA estableció apenas tres meses entre la expedición de la norma y su entrada en vigor. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, calificó la situación como «la crónica de una muerte anunciada» y explicó que la demanda no cuestiona la necesidad de una reforma, sino la forma en que se ejecuta: «sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos». Sánchez también denunció que el texto definitivo de la resolución difiere del proyecto que fue sometido a participación ciudadana, lo que a su juicio viola garantías constitucionales y profundiza la incertidumbre jurídica.
«Todas las empresas me están llamando a mí diciéndome: ‘Estamos angustiados porque todos queremos cumplir’, pero es que los tiempos no dan para que esto se dé y, por consiguiente, las malas decisiones que se tomen en ese proceso pueden ser implicaciones para las empresas, para el funcionamiento y para los usuarios.»
Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Andesco sostiene que el responsable del eventual incremento de tarifas no son las empresas, sino el propio marco tarifario. «Por ideología se había decidido que el marco tenía una función: bajar tarifas. Y los marcos tarifarios no están para eso», afirmó Sánchez. La demanda pide una medida cautelar urgente que suspenda la aplicación de la resolución mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo.
Obligaciones técnicas y topes tarifarios
La Resolución 1032 introduce obligaciones que antes no eran exigibles para pequeños prestadores, como la instalación de medidores, la elaboración de planos de redes y un catastro actualizado de suscriptores. A partir de enero de 2027 se sumarán los planes de sostenibilidad, obras e inversiones (Poir) y los planes de reducción de pérdidas. La CRA defiende la norma argumentando que reconoce las particularidades sociales, económicas y territoriales de los pequeños operadores, incluidos territorios vulnerables como los PDET y Zomac, y que promueve el uso eficiente del agua.
No obstante, los efectos tarifarios no serán uniformes. Dependerán de los costos de operación, el número de suscriptores y la región. Mientras el cargo fijo tiende a mantenerse más estable, el cargo por consumo podría variar cada año en función del Poir. Varias empresas han optado por no aplicar el tope tarifario para evitar subir las tarifas a los usuarios mientras entran en vigencia nuevos ajustes previstos para 2027 y 2028. La incertidumbre reina entre los prestadores, que temen que la falta de tiempo los lleve a tomar decisiones apresuradas con consecuencias directas sobre la calidad y continuidad del servicio para millones de colombianos.
