Jefe negociador del Gobierno advierte riesgo en paz de Nariño y Putumayo

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El jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, advirtió que la suspensión provisional de la resolución que dio origen al proceso de paz, ordenada recientemente por el Consejo de Estado, podría poner en grave riesgo los avances alcanzados en los departamentos de Nariño y Putumayo. Sin embargo, Novoa destacó que los acuerdos ya ejecutados no pueden revertirse, lo que calificó como un hecho consumado que otorga cierta estabilidad a lo pactado.

En declaraciones concedidas a Blu Radio, Novoa señaló que el Gobierno acatará la determinación judicial, pero analiza el contenido de la providencia para utilizar los recursos legales previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y así impugnarla. El funcionario consideró que la decisión del alto tribunal llega de forma tardía, dado que los acuerdos y el desescalamiento del conflicto ya se han implementado en los territorios, generando beneficios concretos para las comunidades.

Avances en seguridad y sustitución de cultivos

Entre los logros más significativos del proceso, Novoa destacó una reducción cercana al 50% en las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado en Nariño y Putumayo entre 2024 y 2025. Asimismo, mencionó la destrucción de 15 toneladas de material de guerra como parte de los acuerdos, la inscripción de cerca de 14.000 familias en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos Renacemos en Putumayo, y la erradicación voluntaria de aproximadamente 8.000 hectáreas de cultivos de coca en los últimos seis meses. Estos avances, según el jefe negociador, demuestran que el proceso ha tenido un impacto directo en la seguridad y el bienestar de la población.

«Es una decisión, en cierto sentido, inocua, porque llega de forma tardía, dado que los acuerdos y el desescalamiento del conflicto, que se ha sentido con mucha fuerza en los territorios de Nariño y Putumayo, no se pueden deshacer»

Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

El gobierno recurrirá la decisión judicial

Novoa explicó que la suspensión provisional no invalida los compromisos ya ejecutados, como la destrucción de explosivos, la puesta en marcha de la zona de ubicación temporal y la reincorporación de integrantes del grupo armado. Sin embargo, reconoció que la decisión del Consejo de Estado, de cuyo contenido completo aún no tenía conocimiento, puede poner en riesgo los avances futuros. Insistió en que el Gobierno acudirá a los mecanismos legales para controvertir la determinación y evitar que el proceso se vea afectado.

«La decisión del Consejo de Estado, que todavía no conozco en su integridad, puede poner en grave riesgo todos esos avances. Pero, sin duda, lo que nos corresponde hacer es acudir a los recursos e instrumentos de impugnación que contemple el Código de Procedimiento Administrativo para controvertir la decisión mediante los mecanismos que establece la ley»

Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno

Contexto del proceso suspendido

Cabe recordar que el proceso suspendido corresponde exclusivamente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una organización surgida tras una escisión de la Segunda Marquetalia, y no a este último grupo. Ante la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno expidió una nueva resolución designando oficialmente a los negociadores de esa estructura. Además, la zona de ubicación temporal para los integrantes del grupo armado fue creada mediante un acto administrativo vigente, y se elaboraron más de diez protocolos con acompañamiento del Ministerio de Defensa entre mayo y diciembre de 2025. Novoa negó que se haya pactado un cese bilateral al fuego o restricciones a las operaciones militares, aclarando que solo hubo suspensiones temporales para facilitar traslados a reuniones. El Gobierno sostiene que las negociaciones han permitido avances en seguridad y reincorporación, con beneficios directos para las comunidades de Nariño y Putumayo, y confía en que los recursos legales permitan mantener el rumbo del proceso.

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