El presidente Gustavo Petro rechazó de manera contundente el llamado de la Contraloría General de la República a reducir el gasto público para enfrentar el abultado déficit del Presupuesto General de la Nación de 2026, defendiendo en su lugar su propuesta de reforma tributaria como la única vía para sanear las finanzas del Estado. A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado calificó como un “suicidio económico” la combinación de recortes sociales con un alza en las tasas de interés, advirtiendo que esta medida dispararía la pobreza y hundiría la economía nacional.
La respuesta del mandatario se da luego de que el organismo de control advirtiera sobre un desbalance de gran magnitud en las cuentas públicas para la vigencia 2026, con un faltante estimado en 303 billones de pesos, lo que representa un 54,5% del presupuesto total, que asciende a 555,72 billones de pesos. Según el informe de la Contraloría, con corte al 16 de junio, los ingresos asegurados apenas alcanzaban los 252,68 billones de pesos, lo que evidencia un enorme hueco fiscal. A esto se suma que la nueva proyección del Ministerio de Hacienda, plasmada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, redujo los ingresos esperados de 321,46 billones a 294,28 billones de pesos, generando un desfase tributario de 27,18 billones. El recaudo efectivo al 16 de junio, de 138,17 billones de pesos, ya mostraba un rezago de cerca de 32 billones frente a la meta para esa fecha.
Petro defiende la reforma tributaria como solución estructural
En su pronunciamiento, el presidente Petro sostuvo que el verdadero problema no es el tamaño del gasto, sino la falta de una reforma tributaria que grave las rentas especulativas. “La Contraloría sabe que se han propuesto, en cuatro ocasiones, una reforma tributaria basada en los impuestos a las rentas de especulación más grandes”, afirmó el mandatario, refiriéndose a sectores como hidrocarburos, generadoras eléctricas, el sistema financiero, los paraísos fiscales y las grandes tierras fértiles. Según Petro, de haberse aprobado esta iniciativa, “no habría dudas sobre la financiación del actual presupuesto, ni habría ninguna duda en una disminución progresiva y rápida del déficit fiscal primario”.
El presidente fue más allá al asegurar que la aprobación de esta reforma, a la que denominó para “megarricos”, habría tenido un efecto inmediato en los mercados. “La caída de la tasa de interés de la deuda interna estaría garantizada por la misma aprobación de la reforma tributaria para megarricos”, señaló, insistiendo en que su agenda de ajuste era la correcta, pero se vio frustrada por la falta de mayorías políticas. “La posición política de mi gobierno en minoría en el Congreso y en la junta del Banco de la República no permitió nuestra agenda de ajuste propuesto, pero estoy seguro de su eficacia”, lamentó.
“Reducciones innecesarias del gasto público social solo llevarían a un suicidio económico si se conjuga con alza de la tasa de interés”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Advertencia sobre el impacto social del recorte
El mandatario fue enfático en señalar las nefastas consecuencias que tendría un recorte sustancial del gasto social, tal como lo sugiere la Contraloría. “Recortar sustancialmente este gasto social no solo elevará la pobreza y la desigualdad sino que postrará la economía”, advirtió Petro, quien insistió en que “una disminución del gasto social junto al alza de la tasa de interés es un suicidio económico con los ojos abiertos”.
En su argumentación, el presidente también buscó desvirtuar las razones del reciente repunte inflacionario, que algunos sectores atribuyen a la política fiscal expansiva. Según Petro, “el pequeño incremento de tasa de inflación en los últimos tres meses proviene sobre todo del ascenso del precio del petróleo y la gasolina y, por tanto, no se controla con la tasa de interés, sino con el final de la guerra de Medio Oriente”. Con esta declaración, el jefe de Estado buscó desvincular la inflación local de las decisiones domésticas, apuntando a factores geopolíticos globales.
Mientras el debate político se intensifica, la situación fiscal se complica aún más por el rezago en la ejecución presupuestal. La Contraloría reveló que a mayo de 2026, el 48% de las reservas presupuestales de inversión y el 38% de las de funcionamiento constituidas en 2025 seguían sin pagar, lo que presiona aún más la caja del Gobierno y evidencia las dificultades administrativas para ejecutar el gasto. Con un Congreso dividido y sin la reforma tributaria en el horizonte, el panorama para financiar el presupuesto de 2026 luce incierto, dejando al Ejecutivo enfrentado al organismo de control y sin una hoja de ruta clara que concilie el ajuste fiscal con la protección del gasto social.
