El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre una financiación no reembolsable de 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proceso de empalme de gobierno desató una fuerte controversia política y jurídica. La polémica escaló al ámbito legal cuando el abogado Juan Guillermo Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y miembro del Pacto Histórico, radicó un derecho de petición amparado en el artículo 23 de la Constitución, exigiendo pruebas sobre el origen, la legalidad y la procedencia de esos recursos. Pérez sostiene que no existe precedente en la región de aportes de esta magnitud para transiciones gubernamentales, y cuestiona que De la Espriella, al no ser presidente en funciones, pueda gestionar directamente donaciones o préstamos con organismos multilaterales.
El derecho de petición, dirigido al presidente electo, fue presentado después de que desde las cuentas oficiales de seguidores de De la Espriella se respondiera a la senadora Aida Quilcué con un mensaje que calificaba el anuncio como un apoyo no reembolsable y preguntaba: «¿Por qué le tienen miedo al Empalme Anticorrupción? ¿Qué tanto ocultan? Colombia merece saber toda la verdad sobre todo lo que los políticos de siempre hacen por debajo de la mesa». Frente a esa declaración, el abogado Pérez replicó directamente: «¡Falso no es deuda, falso no es donación! Sr. de la Espriella le adjunto derecho de petición, por favor háganselo llegar porque me ha bloqueado. Ud. no puede conseguir ni una donación, ni un préstamo del BID porque Ud. no es presidente en ejercicio y el Banco es propiedad de 44 Estados, que tienen un procedimiento para créditos y donaciones».
Las dudas jurídicas sobre la financiación del BID
La controversia se centra en la viabilidad legal del anuncio, pues las normas internas del BID establecen que la presidencia del banco solo puede comprometer directamente hasta 3 millones de dólares sin necesidad de aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos. Para montos superiores, como los 60 millones anunciados, se requiere una solicitud formal del jefe de Estado en ejercicio y la posterior autorización del directorio del organismo multilateral. Históricamente, los procesos de empalme entre gobiernos salientes y entrantes en Colombia se han realizado de manera interna, sin costos extraordinarios, basándose en la entrega de informes financieros y operativos del Ejecutivo saliente. De la Espriella, en cambio, denominó su proceso como «Empalme Anticorrupción», coordinado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y contempla la participación de 1.200 expertos distribuidos en 22 mesas técnicas.
«¡Falso, no es una deuda! El Presidente Electo, Abelardo De La Espriella, anunció que el BID destinará un apoyo de $60 millones de dólares NO REEMBOLSABLES, para el empalme. No son deuda, ¿por qué le tienen miedo al Empalme Anticorrupción? ¿Qué tanto ocultan? Colombia merece saber toda la verdad sobre todo lo que los políticos de siempre hacen por debajo de la mesa»
Cuenta oficial de seguidores de Abelardo de la Espriella, en respuesta a la senadora Aida Quilcué
Mientras tanto, el presidente electo cuenta con un plazo de 15 días hábiles para responder al derecho de petición presentado por el abogado Pérez, que exige aclarar el mecanismo a través del cual se obtuvieron los recursos, si existe algún convenio firmado y bajo qué condiciones se desembolsarían. La pregunta que queda en el aire, según los críticos, es si De la Espriella está actuando como particular o como futuro mandatario al gestionar este tipo de acuerdos internacionales antes de asumir el cargo, un punto que el propio abogado ha puesto en el centro del debate jurídico.
