Un niño de dos años, Ian Alarcón, perdió la vida ahogado en una piscina durante un paseo escolar organizado por un jardín infantil de Cali, ocurrido el pasado 9 de diciembre de 2024 en una finca de El Cerrito, Valle del Cauca. El hecho ha desencadenado un proceso judicial en el que dos funcionarias de la institución fueron imputadas por homicidio culposo en calidad de coautoras, luego de que se estableciera que el menor ingresó a un cuerpo de agua que carecía de cerramientos de seguridad.
La madre del menor, Sandra Villegas, relató que se encontraba en Palmira comprando juguetes navideños cuando recibió una llamada de las docentes informándole sobre la emergencia. “Me dijeron que estaban reanimando a mi hijo”, declaró la mujer, visiblemente afectada. Ian fue trasladado de urgencia al centro asistencial de El Cerrito, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La institución educativa, por su parte, no ha participado en las audiencias de imputación y se ha mantenido en silencio público frente al caso.
Preacuerdo judicial genera controversia
La Fiscalía llegó a un preacuerdo con las dos imputadas, la docente de párvulos Lina Cuervo y la auxiliar Ingrid Daniela Sandoval, quienes tenían bajo su supervisión a aproximadamente 18 niños durante la salida recreativa. Según el pacto judicial, las funcionarias enfrentarían una pena de 26 meses de prisión y una sanción económica equivalente a 30 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, las imputadas no aceptaron los cargos y no han emitido declaraciones públicas sobre los hechos.
La familia de Ian, representada por el abogado Andrés Ríos, manifestó su desacuerdo con el preacuerdo alcanzado. El jurista sostiene que la sanción no responde adecuadamente a los protocolos de seguridad que, según la madre, fueron omitidos. Sandra Villegas afirmó haber realizado una inspección al predio antes de la salida y advirtió a las docentes sobre la falta de medidas de protección en la piscina, una alerta que también fue respaldada por otra madre de la institución. La defensa de la familia evalúa presentar recursos legales para revisar tanto la pena como las responsabilidades en el caso.
