Un informe remitido a la Corte Constitucional por parte de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión denunció que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían obstaculizando de manera sistemática el monitoreo independiente en los centros de reclusión del país. La denuncia, presentada en el marco del seguimiento a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano, señala que las trabas se intensifican cuando las investigaciones se centran en delitos graves como corrupción, tortura, violencia sexual y abusos cometidos por la guardia.
De acuerdo con el informe, los obstáculos incluyen la prohibición de realizar entrevistas privadas con las personas privadas de la libertad, la obstaculización del uso de grabadoras o cámaras, e incluso la interrupción directa de las conversaciones cuando se abordan temas relacionados con violaciones graves de derechos humanos. Estas restricciones, según la Comisión, no son uniformes, sino que varían según el tipo de inspección que se pretenda realizar.
Restricciones selectivas según el tipo de investigación
El documento revela que el acceso a las cárceles es menos restrictivo cuando las visitas se enfocan en verificar servicios básicos como salud, alimentación o habitabilidad, donde las fallas se atribuyen a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), a contratistas e interventorías. Sin embargo, cuando el monitoreo apunta a indagar sobre corrupción, tortura, violencia sexual o malos tratos de la guardia, las barreras se vuelven más severas, lo que, a juicio de la Comisión, busca impedir la documentación de estas graves violaciones.
«Se han documentado casos en los que se impide la realización de entrevistas privadas, se obstaculiza el uso de grabadoras o cámaras, o incluso se interrumpe la conversación con personas privadas de la libertad cuando se abordan temas de violaciones graves de derechos humanos»
Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión
La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ya había denunciado en oportunidades anteriores las trabas impuestas tanto por el Inpec como por la Policía Nacional para vigilar la superación de la crisis humanitaria que atraviesan las prisiones colombianas. Este nuevo informe refuerza la preocupación sobre la falta de garantías para que organismos independientes puedan verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales y documentar las condiciones de reclusión, en medio de un escenario marcado por el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad y los abusos de autoridad.
