La Fiscalía General de la Nación alcanzó un preacuerdo judicial con Cristian Camilo González Ardila, procesado por su participación en el atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El acuerdo, presentado ante un juez de Bogotá, establece una condena de 139 meses de prisión, equivalentes a más de once años, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado. La audiencia de aceptación del pacto está programada para el próximo 6 de agosto de 2026, mientras que la audiencia en la que se formalizó el preacuerdo se llevó a cabo el 3 de julio de 2026.
Los hechos que motivaron el proceso se remontan al 7 de junio de 2025, cuando Uribe fue atacado a tiros por un adolescente en la capital del país. El senador recibió tres impactos de bala, al menos uno en la cabeza, y permaneció hospitalizado durante más de dos meses hasta fallecer el 11 de agosto de 2025. Según el comunicado emitido por la Fiscalía en julio de 2025, el rol de González Ardila dentro del plan criminal consistía en acudir al lugar de los hechos utilizando un medio motorizado para garantizar la huida del joven que ejecutó el disparo. “El material de prueba recopilado y la información entregada en interrogatorios adelantados al procesado, establecieron que el rol de González Ardila tenía como propósito acudir al lugar de los hechos utilizando un medio motorizado, para que, una vez cometido el atentado, se garantizara la huida de la persona que habría sido contratada para cometer la acción contra el senador Uribe”, detalló el ente acusador.
Los términos de la condena y la eliminación de un agravante
La pena pactada se compone de 134 meses por homicidio agravado y cinco meses adicionales por porte ilegal de armas. Sin embargo, el preacuerdo incluye la eliminación de un agravante relacionado con la condición de servidor público del autor del homicidio, decisión que la Fiscalía justificó bajo el principio de legalidad. En la audiencia del 3 de julio de 2026, la fiscal delegada explicó que “se reitera, sería condenado efectivamente por los hechos que le fueron imputados, excepto el agravante que por principio de legalidad la Fiscalía ha establecido que se eliminará y la denominación jurídica solo se acoge para efectos de extremos punitivos y para cumplir con los fines que el legislador estableció para este tipo de preacuerdos”. A pesar de la eliminación de ese agravante, el representante de las víctimas, David Rincón, del bufete Víctor Mosquera Marín Abogados, manifestó su preocupación por la proporcionalidad de la sanción. Durante la misma audiencia, Rincón señaló: “Esto está dentro del marco de la legalidad. No obstante, es mi deber, de forma muy respetuosa, solicitarle a usted que analice la proporcionalidad de esta pena. Estamos en el marco de un homicidio agravado, un homicidio agravado que, si bien se eliminó el conocimiento de que fue un servidor público, tiene dos agravantes propiamente”.
Cristian Camilo González Ardila, quien fue acusado formalmente en diciembre de 2025, aceptó los cargos sin modificar el núcleo fáctico de la imputación original. El preacuerdo, que deberá ser ratificado en la audiencia del 6 de agosto de 2026, representa un paso importante en el esclarecimiento del crimen que conmocionó al país y que truncó la carrera política de Miguel Uribe Turbay, quien se perfilaba como una de las figuras más relevantes de la oposición para las elecciones presidenciales. Mientras tanto, la justicia continúa investigando a otros posibles responsables del atentado, cuyo trasfondo político y la participación de un menor de edad como autor material mantienen abiertas varias líneas de indagación.
