La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia presentó un proyecto regulatorio que busca frenar el crecimiento de las estafas a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, delitos conocidos como smishing y vishing. La propuesta, elaborada por el organismo liderado por el comisionado Javier Gutiérrez Afanador, incluye medidas tecnológicas y operativas como el bloqueo de llamadas internacionales que usen números colombianos, la validación de remitentes de mensajes masivos y el etiquetado de llamadas comerciales. La iniciativa hace parte de la agenda regulatoria prevista para 2025-2026 y responde a un aumento significativo de estos fraudes, que según cifras de la CRC generan reclamaciones por más de 252 millones de pesos diarios.
El proyecto se estructura en dos fases principales: una primera fase de mitigación del fraude y una segunda de evaluación del régimen de remuneración de mensajes de texto tipo A2P. Las medidas específicas contra llamadas fraudulentas incluyen el bloqueo de aquellas internacionales que oculten su origen con números colombianos, el etiquetado de llamadas comerciales para que el usuario identifique su procedencia y la prohibición del enmascaramiento del CLI, además de la creación de listas de no originación conocidas como DNO. Frente a los SMS, se contempla una validación rigurosa de los emisores de mensajes masivos, el monitoreo de tráfico para detectar patrones sospechosos y la identificación visible del remitente. Durante un trimestre, las redes móviles gestionaron más de 24 mil millones de minutos de voz y 12,4 mil millones de mensajes de texto enviados mediante códigos cortos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.
Estrategia integral contra el fraude
La CRC busca “generar trazabilidad en el origen de los mensajes que reciben los usuarios”, según se indica en el documento del proyecto. Para ello, se creará el Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, liderado por el organismo regulador, que coordinará a operadores, autoridades y otros actores del sector. Este comité tendrá la tarea de monitorear el tráfico, coordinar acciones multisectoriales y proponer alertas tempranas sobre nuevas modalidades de fraude. Además, el proyecto incluye una fuerte apuesta por la pedagogía, con formación y divulgación dirigida a usuarios, empresas y funcionarios públicos.
“La regulación es solo el punto de partida”
Javier Gutiérrez Afanador, comisionado de la CRC
La iniciativa se inscribe dentro de la agenda regulatoria 2025-2026, cuyo objetivo es “diagnosticar el problema, proponer y evaluar alternativas regulatorias y no regulatorias que refuercen la trazabilidad y control de las comunicaciones”. De esta manera, la CRC busca no solo atacar el problema existente sino anticiparse a nuevas modalidades de fraude que puedan surgir en el futuro, fortaleciendo la confianza de los colombianos en los servicios de comunicaciones móviles.
